Quito y Guayaquil.-

Una pista descubierta en medio de las investigaciones del caso Odebrecht develó la existencia de la red de defraudación tributaria conformada por 64 empresas fantasmas y que fue desarticulada, la noche del lunes, en el operativo denominado ‘Cabecilla’.

Así lo explicó ayer Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), en una entrevista con Ecuador TV donde adelantó que en los próximos días saldrá a la luz información sobre otra red en la que estarían involucradas más de 500 empresas con un perjuicio al Estado por alrededor de $ 900 millones.

El caso ‘Cabecilla’ se inició porque se detectó la relación de la constructora brasileña con una firma uruguaya. Esta última, a su vez, tenía vínculos en el país mediante otra sociedad local que, según Orlando, tendría “relación adicional a las empresas que había utilizado Odebrecht en el exterior para hacer pagos de sobornos”.

A raíz de esto se llegó a un conjunto de compañías utilizadas por un grupo inmobiliario y de seguros. Las indagaciones dieron como resultado la detención de 6 personas. (Ver subtema).

Estas organizaciones delictivas, explicó el Director del SRI, concentran a personas dedicadas al asesoramiento tributario, contadores, abogados que incluso llegan a ofrecer a sus clientes el servicio de sacarlos irregularmente del país cuando la justicia se los prohíbe.

La situación se genera por la venta de facturas con transacciones ficticias a cambio de una comisión.

El analista financiero David Meza explicó, por ejemplo, que si una persona ganó $ 100.000, sin registrar gastos, pagaría $ 22.000 de Impuesto a la Renta (IR). Entonces compra una factura a la empresa fantasma por $ 80.000 y solo registra ingresos por $ 20.000 reduciendo así el IR a unos $ 4.400.

Meza añadió que la afectación no solo es al fisco, sino que también perjudica la repartición de utilidades por parte de las compañías hacia sus trabajadores.

Si una empresa, detalló, tiene menos gastos, la utilidad de los trabajadores es mayor. En cambio, si se inventa más gastos, las utilidades se merman. Pero la trama va más allá. Orlando mencionó al menos otros 4 delitos conexos: contrabando, sobornos, lavado de activos y hasta testaferrismo.

Rentas Internas detectó 512 empresas fantasmas entre 2010 y 2016 que facturaron transacciones ficticias por $ 2.100 millones y perjudicaron al Estado en $ 655 millones. La información relacionada está disponible en la página web www.sri.gob.ec. (Ver infografía).

Ahí se evidencia que el 16% de las empresas infractoras está vinculado al segmento de la construcción. Además, expone fotografías de la ubicación de las supuestas empresas evidenciando que sus fachadas y actividades reales son distintas o ajenas a lo que dicen dedicarse.   

Un total de 15.719 contribuyentes aprovechó este mecanismo para eludir sus obligaciones. La provincia de Guayas concentra la mayoría de clientes (7.670). (I)

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