El Gobierno implementará una nueva forma de comercialización de hidrocarburos, que permitirá que los ecuatorianos se beneficien del precio bajo del petróleo.

Así lo anunció el martes el presidente de la República, Lenín Moreno, en una cadena nacional (ver infografía).

René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, explicó que  los precios del combustible se ajustarán a los valores del mercado internacional. Se alinearán a la fluctuación del precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), marcador de nuestro crudo. Ortiz estima que el precio del barril de crudo Oriente será de alrededor de  $ 25, al estar alineado al WTI. Lo mismo se proyecta para el próximo año.

Para la gasolina súper, por ejemplo, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero del Ecuador fijará cada mes su precio en base al valor del WTI. A la par se establecerá una banda de fluctuación del 5% del precio de combustible. Las empresas distribuidoras podrán subir hasta este porcentaje respecto al valor fijado por el Gobierno.

Ese tope es en el que van a competir las gasolineras, pues los consumidores optarán por el mejor precio.

El Gobierno hará un monitoreo mensual de esta banda para proteger al consumidor final de las variaciones exageradas y abruptas que se pueden dar en el mercado.

“El sistema de comercio de combustibles con precios de mercado y con bandas de fluctuación aseguran una relativa estabilidad en el mercado de combustibles, particularmente de gasolina extra y del diésel”, detalló Ortiz.

En el caso de que el petróleo suba, el Ejecutivo prevé dar una compensación a los transportistas para que no se suba el precio de los pasajes.

Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, en una entrevista en Ecuadoradio explicó que la banda tiene un tope y un piso que impedirá que la subida o bajada del precio de crudo afecte al precio promedio para el consumidor final.

“Digamos que el precio del petróleo se dispara en un 100%, el precio de la gasolina no podrá superar un 5%. Digamos que el precio del petróleo cae en un 50%, el valor del combustible no bajará más del 5%”, explicó.

Martínez agregó que este es un mecanismo de transición hacia un esquema más acotado. De este modo se harán las transferencias para las personas y los segmentos que se necesita proteger, como el servicio de transporte público o la población vulnerable. Esto es parte de la focalización de subsidios que se preveía.

Carlos Salazar, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, aún tiene varias dudas sobre esta medida. Asegura que no se puede hablar de liberación de precios si se pone una banda de fluctuación porque es un modo de fijar un valor.

Considera que si bien se anuncia que se bajarán los precios de los combustibles al alinearse al mercado internacional, esto no sería tan real en el caso del diésel.

Salazar detalla que ecopaís y extra cuestan $ 1,85 el galón y el subsidio es de $ 0. Por lo que su precio sí podría bajar a $ 1,75.

Pero el diésel, dice, cuesta actualmente $ 1,03 el galón y el subsidio es de $ 0,53 por galón. Por lo que con la medida pasaría a $ 1,56 y no a $ 1 como anunció el Ejecutivo.

Por otro lado, con esta medida cualquier empresa o persona natural podrá importar y vender combustibles. Petroecuador pondrá un tarifario para que usen su infraestructura para hacerlo. (I)

La jornada de trabajo baja a 6 horas al día
Del total del recorte del gasto público que el Gobierno prevé para este año, $ 980 millones corresponden a la masa salarial. La jornada laboral de la Función Ejecutiva pasará de ocho a seis horas diarias, excepto para el personal de salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y entidades de seguridad. El horario de los docentes del magisterio se reducirá solo una hora.

La remuneración será equivalente al tiempo laborado. En el primer caso, la disminución será del 16,66% y en el del magisterio, 8,33% . Esto porque el cálculo del salario se hace sobre las 260 horas de trabajo de 30 días.

Luis Arturo Poveda, ministro del Trabajo, aclaró que la medida consta en la Ley Orgánica de Servicio Público y que entrará en vigencia de manera inmediata, una vez que el Ministerio emita la norma para su aplicación. (I)

Medidas para reducir el gasto público     
El Gobierno pretende hacer un recorte al gasto público de $ 4.000 millones para acortar la brecha fiscal. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, ha dicho en varias ocasiones que inicialmente se preveía un déficit estatal para este año de $ 4.000 millones, pero debido a la emergencia sanitaria se dejarán de recibir ingresos por $ 8.000 millones. Es decir que la brecha será de $ 12.000 millones si no se toman medidas.

En los últimos tres años, el Ejecutivo ha eliminado 43 entidades. A estas se sumará la eliminación de siete empresas públicas. Una de  ellas es Tame, que ha perdido más de $ 400 millones en los últimos cinco años. Estas empresas entrarán en un proceso de liquidación. Las demás empresas públicas deberán reducir sus gastos. También retornarán 10 embajadores y 70 funcionarios ubicados en el exterior.

Por otro lado, no se renovarán contratos ocasionales.  

Adicionalmente se eliminará el Servicio de Contratación de obras (Secob), además de Inmobiliar. (I)

Plan para la reactivación productiva
El Gobierno Nacional pondrá en marcha el programa Reactívate Ecuador para dinamizar la economía afectada por la emergencia sanitaria. Para este plan se cuenta con $ 1.150 millones que servirán para apoyar a sectores industriales y emprendedores.

Estos recursos provienen de la comunidad internacional. Por ejemplo, $ 500 millones se destinarán para un Fondo Público. Con estos recursos se dará créditos a microempresas desde $ 500 hasta  $ 30.000; a pequeñas empresas hasta $ 300.000 y a medianas hasta $ 500.000. Estas últimas deben tener ventas anuales de hasta $ 2 millones. Estos préstamos serán a 36 meses plazo, con 6 meses de gracia y con una tasa de interés de hasta 5%. Los créditos deben estar destinados a cubrir 6 meses del pago de nómina, costos operativos esenciales por seis meses, obligaciones vencidas con proveedores u otras obligaciones hasta el 31 de diciembre (I)