Reducir y estabilizar el saldo consolidado de la deuda del sector público no financiero y otras obligaciones al 40% del Producto Interno Bruto (PIB). es el objetivo de las reformas a la política fiscal propuestas por el Ejecutivo.

El proyecto de Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, actualmente en análisis en la Asamblea Nacional, establece límites de endeudamiento por sectores y por entidad.

Guillermo Avellán, director de Investigación de la Fundación Ecuador Libre, destacó, en la Comisión de Régimen Económico, la intención del documento de ordenar las finanzas públicas, clarificar el cálculo de la deuda pública en términos consolidados y las políticas para un crecimiento económico a largo plazo.

La propuesta del Ejecutivo sostiene que en el Presupuesto General del Estado, se incluirá el nivel anual de endeudamiento neto calculado como la diferencia entre desembolsos y amortizaciones de deuda para aprobación de la Asamblea Nacional.

Adicionalmente, el Ministerio de Finanzas presentará cada cinco años un informe técnico en donde recomendará la modificación o no del nivel de endeudamiento.

Avellán considera que esta modificación debe permitirse en caso de que se presente un evento temporal, ya que es importante regresar a los niveles del 40% del PIB en los próximos tres años.

El proyecto de ley también contempla a las Gobiernos Autónomos Descentralizados. Se propone, por ejemplo, que el monto total del servicio anual de estos entes no supere el 25% de los ingresos totales anuales, sin incluir el endeudamiento.

Además se prohíbe la contratación de deuda pública para financiar costos y gastos permanentes relacionados a sus competencias.

Esta misma prohibición se aplica para las entidades de la seguridad social. El endeudamiento se aprobará si el Fondo o Administradora demuestra capacidad de pago.

Diego Borja, exministro de Economía entre 2005 y 2007, considera que el proyecto de ley restringe el nivel de inversión y de gasto para la reactivación de la economía y centraliza estas decisiones en el Ministerio de Finanzas.

Avellán considera indispensables estas reformas para evitar errores pasados.

Detalló que la deuda pública aumentó del 16% del PIB en 2009 (unos $ 10.000 millones) a 53% en 2019 (unos $ 57.000 millones). “Claramente insostenible”.

Este incremento en los compromisos se debe en gran medida a que los gastos subieron. Asegura que en 2006 el gasto público representaba el 21% del PIB. En 2013 pasó al 44% y en el 2018 al 37%.

Estas excesivas obligaciones del sector público no financiero provocaron déficit fiscales sin precedentes durante 11 años, dijo Avellán, con un promedio del 3,6% entre 2009 y 2019.

En la actualidad la deuda pública significa un 52,9% del PIB. Esto es posible porque para el período 2018-2021 se permitió superar el límite de endeudamiento del 40%, debido a la situación económica del país heredada del anterior gobierno. (I)