A través del Decreto 135, el presidente Lenín Moreno emitió las normas de optimización y austeridad del gasto público, con lo que rige la reducción del 10% en la remuneración de los servidores públicos del grado 2 del nivel jerárquico superior. 

"En ningún caso, los grados sujetos a ajuste tendrán una diferencia respecto al grado inmediato inferior no menor de 50 dólares", señala el documento. 

Además, exceptúa de esta disposición a los directores y gerentes de hospitales, centros de unidades de salud, director/ rector 4 y miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.

Sin embargo, la disposición incluye a las empresas públicas y las instituciones que conforman la banca pública.

Las normas decretadas también están orientadas a optimizar gastos operativos en las instituciones públicas. 

El Ejecutivo decreta la suspensión del pago de la renumeración variable por eficiencia;  se eliminan las vacantes de todas las instituciones del Estado, salvo las que previo informe técnico del Ministerio de Trabajo se determine su estricta necesidad.

Sobre el personal de apoyo, se indica que las unidades de gestión de talento humano de todas las instituciones del Estado crearán un banco de servidores a disposición del Ministerio de Trabajo, para que dichos funcionarios puedan ser reasignados para cumplir tareas en otras entidades. 

Respecto a las empresas públicas petroleras señala que, con el objeto de realizar su planificación anual de talento humano, deberán evaluar las cargas óptimas de sus funcionarios y obreros en función de las actividades de cumplen.

El Decreto también indica la racionalización del pago por horas extras o extraodinarias, que serán de un máximo de 30 al mes, basadas en la debida justificación.

Entre otros artículos, se estipula que los viajes al exterior de servidores públicos de la Función Ejecutiva, en representación del Estado, serán previamente autorizados por la Secretaría de la Presidencia.

Además, prohíbe la compra de automóviles de alta gama y se autoriza el uso máximo de dos vehículos todoterreno por unidad de administración financiera. El exceso de vehículos será distribuido.

El documento fue firmado por el presidente Lenín Moreno el 1 de septiembre, por lo que está en plena vigencia. (I)