La emergencia sanitaria llegó al Ecuador con una situación fiscal ya debilitada. Esta se agravó con el duro golpe al precio del petróleo, sobre todo en marzo y abril, y la paralización de las actividades económicas.

Por ello los ingresos petroleros y no petroleros previstos por el Ejecutivo cayeron a niveles nunca esperados. A esto se suma el cierre de empresas, nuevos despidos y más desempleo.

A criterio de Augusto de la Torre, catedrático de la Universidad de Columbia, exjefe para América Latina del Banco Mundial, y miembro del Consejo Asesor Económico del Ejecutivo, estos elementos se combinan y generan una crisis sin precedentes.

¿Qué tal ha reaccionado el Gobierno frente a la crisis?
En algunos aspectos bien y otros aún le faltan. Por ejemplo, en cuanto a lo fiscal, el Gobierno ha hecho grandes recortes en inversión pública, ha caído prácticamente a cero. Se han reducido todos los gastos que no son esenciales para trasladar recursos hacia la salud pública.

En lo humanitario, el Gobierno ha fortalecido el sistema del bono de desarrollo ampliándolo para que cubra a 2 millones de hogares. Ese es un buen logro, pero creo que el número de pobres en Ecuador va a aumentar mucho por lo que hay que ampliar la política y de asistencia social.  Y eso también ha resultado muy difícil porque el Gobierno propuso un camino de contribuciones solidarias para crear un fideicomiso y se opuso gran parte de la sociedad, no logramos llegar al consenso para fortalecer el brazo de la política pública que tiene que ver con ayudar al pobre.

En el manejo general de las finanzas públicas para tratar de gestionar recursos muy escasos, el Gobierno se merece un 9 sobre 10. Ha manejado bien y valientemente los escasos recursos, con excepción de la nómina. Logró bajar la nómina por reducción de jornadas, pero no se ha podido dar una reducción de sueldos en el sector público.

¿El recorte del gasto público cómo afecta a la economía?
Supongamos que el Gobierno no hace recortes al gasto, una cosa que puede pasar es que ya no tenga dólares para pagar y simplemente no paga como sueldos y proveedores. Lo caótico que se vuelve eso. También puede pasar que al no tener recursos se vea empujado por la presión política a pagar sueldo con papelitos y empieza a salir de forma espontánea una nueva moneda, lo que pone en riesgo la dolarización.

Comparado con eso, no queda otro remedio que tratar de reducir el gasto para que no tengamos que enfrentar ese tipo de situaciones. Sí, se está reduciendo en el peor momento porque estamos en crisis. La cuestión es pensar cuál es el mal menor. Si se reduce el gasto no estoy ayudando a la economía, pero voy a poder conseguir apoyos internacionales porque el mundo verá que el país está haciendo lo que puede para ayudarse a sí mismo. Estamos viviendo un tiempo muy difícil.

¿Cómo ha manejado la deuda externa?
La está manejando bien. Es obvio que Ecuador no puede pagar deuda externa, no lo está haciendo, lo suspendió con un último pago de capital que nos abrió el espacio para poder pedir un diferimiento ordenado. El país está manteniendo una imagen de seriedad.  

¿Y en cuanto a los problemas que tiene el sector privado?
Esto es tremendamente serio: desempleo, quiebre de las empresas y el desplome del tejido productivo. El Gobierno propuso en la Ley Humanitaria un régimen legal temporal que les ayude a las empresas y a los trabajadores a salvar negocios y empleo en la medida de lo posible. Lamentablemente la Asamblea rechazó propuestas que se hacían en el veto presidencial que buscaban mejorar la ley.

¿Como cuáles?
En el veto se proponía una interpretación inteligente de la cláusula legal de la fuerza mayor que decía que las empresas pueden cerrar alguna línea del negocio si pueden salvar al resto. La Asamblea no aceptó eso y dejó una cláusula que es nefasta porque dice que, si una empresa acude a la fuerza mayor, solo puede hacerlo si cierra la totalidad del negocio. Habrá más cierres de negocios de los necesarios y habrá mucho más desempleo.

En otra parte del veto se decía que si los trabajadores, los empleadores y los acreedores llegan a un acuerdo para salvar empleos, donde todos hacen sacrificios compartidos, entonces los funcionarios públicos tenían la obligación de apoyar esos acuerdos dando facilidades de pago a las deudas que la empresa tiene con el Estado, en particular al Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esto la Asamblea no aceptó. En consecuencias se va a tener burócratas cobrando de manera agresiva todas las deudas que las empresas tienen y no van a dar facilidades de pago. Si lo hacen van a empujar a las compañías a la quiebra

¿Qué más debe hacer el Gobierno para enfrentar la crisis?
Para que las empresas salgan de esta crisis van a necesitar no solo llegar a acuerdos entre las partes, acuerdos que van a ser más difíciles con la ley que la Asamblea aprobó, sino que van a necesitar apoyos crediticios. El Gobierno debe gestionar muchos recursos del exterior. Se necesita que muchos de esos dólares no se usen solo para financiar el déficit fiscal, sino para armar un programa de crédito para las empresas que llegan a acuerdos con sus partes y empiezan a salir. Eso está anunciado, ya ha empezado, pero no está bien delineado. Creo que el Gobierno tiene buenas intenciones, quiere hacerlo, pero eso todavía está lejos.

¿Como el programa Reactívate Ecuador?
Es un primer paso, pero hay que hacer mucho más. Esto debería ser un gran programa que tenga varios brazos, varias ventanillas crediticias, debe estar organizado en torno a la Corporación Financiera Nacional, que es el banco público más importante que tenemos para empresas.

¿Para enfrentar la crisis se necesitan reformas?
Hay que hacer una distinción entre el manejo de la emergencia versus nuevas reglas de juego más permanentes para el futuro del país. Y para esto se necesitan grandes reformas estructurales que ya son de mediano plazo. Primero vamos a necesitar una nueva ley laboral moderna, eficiente desde el punto de vista económico y equitativo desde el punto de vista social.

También una reforma integral del sistema tributario que robustezca los ingresos no petroleros como reducir una serie de tributos que aumentan los costos de producción y desincentivan la inversión. Por ejemplo, posiblemente se deba subir el IVA, bajar el Impuesto a la Renta corporativa, eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas, bajar aranceles a los bienes, insumos, equipos y tecnología importados que se necesitan para la producción, entre otros.

Vamos a tener que reformar el mercado de combustibles y sustituir el subsidio al precio del combustible a uno que vaya directamente a la gente pobre. Por ejemplo, tener un subsidio directo al transporte público ya sea a las personas que lo usan o al mismo transporte. Así pasar a un mercado de combustibles razonable donde ya no haya monopolio de la refinería estatal y las gasolineras puedan comprar combustible al mejor postor. Y que los precios que se pagan en la bomba sean los de importación.

Y reformas a la seguridad social, pues al final del año vamos a ver que el seguro social ya no da más. El Gobierno debería empezar a discutir estos temas, empezar a preparar reformas legales, pero creo que al nuevo Gobierno será al que le toque hacerlas.

¿Qué reformas propone para el IESS?
Necesitamos un sistema de seguridad social equitativo, razonable y fiscalmente financiable. Requerimos algo parecido a lo que tenemos ahora pero más reducido, con pensiones más bajas para poder alinear los ingresos con los egresos. Solo el 20% de la fuerza laboral está en el sistema de seguridad social, el 80% de los trabajadores no acceden a este.

Necesitamos un sistema que cubra más, ojalá la totalidad de la fuerza laboral, pero con pensiones más modestas. Esto debería ser complementado con un sistema de incentivos y espacios para que los trabajadores acumulen ahorros para la vejez. Serían reformas que afectaría a los nuevos trabajadores.

¿Es importante que el Gobierno haya formado el Consejo Asesor en Economía justamente para escuchar estas opiniones?
Es una idea sana. Demuestra que tenemos un Gobierno que se abre a consultar y a pedir opiniones. El Ejecutivo tiene completa libertad de aceptar o no las ideas. Los asesores tenemos completa libertad de expresar nuestras ideas.

Además, los asesores somos completamente ad honorem, no tenemos ningún tipo de remuneración. Estamos a disposición para cuando el Presidente de la República quiera tener una reunión para escuchar opiniones. Sería bueno que todos los Gobiernos del Ecuador de aquí en adelante tengan la opción de tener un consejo externo independiente de asesores económicos. (I)