La Refinería de Esmeraldas se detendrá 54 días a partir del próximo marzo. ¿La causa? Reparar las fallas de varios de sus componentes, entre ellos, la Unidad de Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC por sus siglas en inglés), parte fundamental para su funcionamiento.

La paralización tiene como fin reparar los daños en equipos que incluso fueron parte del plan de rehabilitación que concluyó en 2015 y que fue ejecutado por la anterior administración.

Por estas reparaciones el país perderá $ 37 millones, lo que significa $ 741.000 diarios, según el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables.

La Refinería de Esmeraldas procesa el petróleo ecuatoriano para atender el mercado interno de combustibles con gas licuado de petróleo, gasolina, diésel y jet fuel. Actualmente procesa 102.000 barriles de crudo cuando su capacidad es de 110.000 barriles.

Con la para programada solo se corregirá parte de los desperfectos de la obra que opera al 90%. Para que funcione al 100%, se necesitan ocho proyectos que costarán $ 172 millones.

A esa conclusión llegó el consorcio español ICC – Tecnatom que evaluó la obra. Su consultoría fue avalada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su informe fue presentado por el Gobierno el 7 de diciembre.

La firma confirmó algunas de las fallas técnicas ya detectadas por el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables y un examen especial de Contraloría en 2017.

La necesidad de rehabilitar la refinería nació en 2005 cuando su capacidad de procesamiento había descendido al 85%. La implementación de este plan se postergó y el presupuesto inicial pasó de $ 127 millones hasta $ 755 millones en 2011.

La repotenciación finalmente arrancó en 2008 y concluyó siete años después con un gasto final de $ 1.223 millones.  

En ese entonces, el vicepresidente Jorge Glas, acompañado por el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo, que en ese momento era gerente de Petroecuador, aseguró que la obra operaba al 102%.

Los exfuncionarios ahora son procesados por la justicia del país. Paralelamente al Programa de Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, la gerencia de Refinación de Petroecuador ejecutó el Programa de Sostenimiento de Plantas por $ 1.100 millones, cuya evaluación estuvo fuera del alcance de ICC-Tecnatom. Ambos programas suman $ 2.223 millones.

La carencia de un plan rector que incorporara todas las áreas de la refinería y la ausencia de una planificación generaron los sobrecostos, señala la firma evaluadora.

La rehabilitación no resolvió las fallas de la obra, entre ellas la Unidad de Crudo 2 que opera al 85% de capacidad por daños estructurales.  

La Unidad FCC presenta daños técnicos y desprendimiento de los materiales protectores. Para contrarrestar los daños por las temperaturas superiores a los 500 grados centígrados se implementan lanzas de vapor.

Su reparación se presupuestó en $ 370 millones, sin embargo su precio final fue de $ 680 millones. Los precios finales sobrepasan los promedios del mercado internacional.

La planta de Sosa Gastada (químico empleado en la industria) tampoco está operativa y la desviación económica fue de 121%.

El resumen presentado por el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables dice también que en la reparación del sistema eléctrico se registra el 1.156% de sobreprecio y, a pesar de eso, no funciona.

En el proyecto de repotenciación tampoco se consideró el mejoramiento de la calidad de los combustibles ni obras complementarias importantes como la unidad de procesamiento de azufre y la rehabilitación de las unidades catalíticas 2 y 3.

La empresa evaluadora señala que la estrategia operacional de la refinería no responde a estándares internacionales y deja en segundo plano aspectos ambientales, de seguridad, salud y otros.

Otro aspecto que dio paso a la elevación de costos fue la contratación bajo régimen especial. Solo el 1% de los contratos se adjudicó por licitación o concurso.

El consorcio español sugiere que próximas contrataciones sean hechas bajo esta última modalidad porque impera la igualdad, competitividad, mejor coste y transparencia entre contratistas y contratante.

El ministerio del ramo ya inició el proceso precontractual de la nueva planta de azufre, la exportación de la sosa cáustica y pondrá en marcha la planta para su tratamiento. (I)