Las malas prácticas alimenticias de los ecuatorianos, así como el consumo de alcohol y cigarrillo, se incorporan oficialmente a la agenda tributaria del Gobierno, con la intención de frenar la adquisición de estos productos calificados como ‘nocivos’ a través de un impuesto.

El presidente Rafael Correa justificó la iniciativa asegurando que la comida chatarra y el licor ocasionan problemas de salud en la población que el Estado se ve obligado a asumir a través de la atención pública.

Dicha recaudación se destinaría, por ejemplo, a la atención hospitalaria de las personas enfermas por el exceso en el consumo de hamburguesa o pollo frito.

“Usted quiere enfermarse, es su problema, estamos en un país libre, pero estamos hablando entonces de impuestos a cigarrillos, a licores, a comida chatarra para evitar que la gente consuma en exceso esos bienes y afecte su salud”, dijo el mandatario en el último Enlace Ciudadano.

Este diario se contactó ayer con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para conocer el mecanismo de aplicación del impuesto, sin embargo, se informó que, si bien se ha conversado del tema al interior del organismo, aún se desconoce cómo serían gravadas las comidas rápidas.

En Ecuador, tanto licores -incluida la cerveza-, como cigarrillos ya se encuentran cubiertos por un tributo que es el Impuesto a Consumos Especiales (ICE), por lo que restaría saber si se tratará de una extensión del mismo tributo. Según la ley vigente, el monto del impuesto se calcula de acuerdo con la cantidad de litros de alcohol puro que contenga la bebida.

Mala alimentación preocupa

Aunque el Presidente no precisó de qué alimentos se trata, la preocupación del Gobierno se basa en el alto consumo de aquellos conocidos por su gran cantidad de grasa y que en otros países también ocasionan trastornos como la obesidad.

Como una referencia, en 2009, según datos de la firma ICA(Ingenieros Consultores Asociados), en el informe Pulso Ecuador los ecuatorianos gastaron aproximadamente $ 48,27 millones en comida rápida al mes, $ 17 millones en Quito y $ 13 millones en Guayaquil.

Para Patricio Arrata, director de ICA, las cifras debieron crecer considerablemente en 4 años, pues, tanto el marketing de las empresas, como el ritmo acelerado de vida, impulsan a las personas a consumir este tipo de comida por su rapidez, aunque no necesariamente por un costo menor.

De acuerdo con un estudio del IDE Business School, los locales de comida rápida son los segundos en preferencia para el 21% de los hogares, mientras que los restaurantes en general ocupan el cuarto puesto en el gasto mensual de los ecuatorianos con un 5% del presupuesto, el mismo que se destina a la educación. Las preferencias alimenticias de muchas familias están a la vista, solo basta una vuelta por el patio de comidas de un centro comercial un domingo para constatar lo que ordenan los niños. En tal sentido, Correa argumentó que, para mejorar la salud de los ecuatorianos, debe haber nuevos hábitos de vida.

Comida tradicional

Christian Wahli, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), opinó que si la intención del Gobierno no es exclusivamente recaudatoria, se estaría atacando “por el frente equivocado”, pues es poco probable que la gente deje de consumir comida chatarra, aunque eso dependería del monto del tributo.

Incluso señaló que el tema es subjetivo, pues la comida tradicional ecuatoriana es por sí misma nociva para la salud por su alto contenido de grasa.

“Ahora hablamos de las cadenas internacionales, pero qué pasará con los restaurantes nacionales, o se le pensará poner un impuesto al hornado también”, se preguntó.

Wahli comparó el tema alimenticio con el del consumo de cigarrillo, cuyo empaque ya ilustra sus consecuencias en la salud, pero no evita que muchos continúen pagando por él. También se refirió al etiquetado en los alimentos procesados -implementado este año-, y dijo que estos productos apenas corresponden al 10% de la dieta ecuatoriana, por lo que el impacto en una mejor cultura de alimentación es mínimo.

Para la OPS, “la idea no es descabellada”

En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideró que “no es descabellada” la idea de aplicar un impuesto a la comida chatarra, a fin de desalentar su consumo y prevenir males como la diabetes, hipertensión y obesidad.

Según la OPS las consecuencias en la salud por su consumo representan una carga económica considerable para los distintos países.

Los problemas de obesidad llevaron a varios países europeos a experimentar con una tasa a los alimentos con mayor índice de grasas. En Dinamarca, por ejemplo, el tributo se implementó en octubre del 2011, sobre aquellos productos con un porcentaje de más del 2,3% de grasa, según detalla un medio internacional.

El impuesto atacó de manera directa al bolsillo del consumidor y el gobierno danés estimó que reportaría a las arcas públicas alrededor de 188 millones de euros al año, reduciendo en un 3% la presencia de grasas de la dieta de los daneses. La medida fue retirada en 2012 por los efectos no deseados en la economía.

Hungría, país que enfrenta una de las peores cifras de obesidad de la Unión Europea (UE) -el 20% de los hombres y el 18% de las mujeres- apostó por gravar en 2011 a aquellos alimentos considerados poco saludables, desde refrescos a hamburguesas.

Las autoridades de ese país esperaban recaudar 70 millones de euros al año.