Análisis

Estuardo Ruiz, Director del Inst. de Economía Popular

La economía popular y solidaria emplea el 65% de la población económicamente activa del país, una cifra nada despreciable, frente al 30% que genera la economía privada y el 5% de la pública.

Es evidente que el peso del empleo en el Ecuador está en la economía popular y solidaria, porque reune a  las organizaciones  productivas, aquellas que generan valor agregado, las cadenas de distribución y de consumo, el trabajo agrícola de las comunidades rurales, y que tienen el apoyo financiero de las cooperativas de ahorro y crédito, que por décadas estuvieron  invisibilizadas y se les conoció como el sector informal de la economía.

Las cooperativas, las cajas de ahorro y los bancos comunales  son una  alternativa al modelo neoliberal,  una iniciativa inteligente que utilizó nuestro pueblo  para financiar sus emprendimientos. Pese a ello, aún están  invisibilizados y de las 1.221 solo se han reconocido a las 40 que están reguladas por la Superintendencia de Bancos.

Esa red de finanzas populares fue la que sustentó la economía del país durante la crisis financiera de 1999 que ocasionó el derrumbe de algunos bancos.

Con la creación de una  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (que  propone el proyecto de ley) estas unidades económicas serán visibilizadas y continuarán operando de acuerdo a la  ley, pero  que antes no existía.

Cabe señalar que cuando el ahorro de una comunidad se realiza a través de los bancos solo el 15% de esos recursos permanecen dentro del territorio nacional, mientras que al hacerlo mediante una cooperativa, el 80% de ese ahorro favorece a la misma comunidad.