Pese a los  esfuerzos que ha realizado el actual régimen por recuperar el dinero de miles de ecuatorianos que fueron afectados por los bancos privados en la crisis financiera de 1998 y 1999, todavía estas deudas no han sido cobradas en su totalidad. La falta de celeridad judicial ha impedido  recuperar dineros para pagarle a los más de 300.000 acreedores de la banca cerrada.

Todavía falta por recuperar cerca de  $ 2.000 millones de la banca cerrada, pero se estima que luego de revisar   los estados financieros de las instituciones  bancarias que reposan en las bodegas del Banco Central del Ecuador (BCE), en Guayaquil, la cifra aumentaría.

Pedro Delgado, quien está al frente de  la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad y de la presidencia del directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), mencionó que  el viernes pasado terminó el plazo para que los deudores de la banca cerrada, a quienes se les inició juicios de coactivas, cancelen sus deudas. Por tanto, aseveró,   quienes no lo hicieron enfrentarán   procesos de insolvencia y quiebra,  que los llevaría  a perder sus bienes. El Banco Central publicó un listado de alrededor de 600 personas. 

Delgado afirmó que el valor total que deben los grandes deudores de la banca cerrada es de $ 150 millones, pero  $ 2.000 millones  aún están pendientes de cobrar. De ese valor se debe restar entre $ 800 y   900 millones   que corresponden  a deudas ficticias promovidas por Fernando Aspiazu, ex propietario del Banco del Progreso.

Enfatizó que la institución notificó a   los deudores dentro de los plazos establecidos para que paguen   sus obligaciones -esos plazos vencieron el viernes pasado-.

“Estamos hablando de  más de 700 notificados en cuanto a juicios de excepciones y  casi 2.000 notificaciones en todos los procedimientos de coactiva, incluyendo garantes”, aseguró Delgado, en una entrevista a una radio del país.

Recalcó que los  valores económicos de los grandes deudores que están en las listas superan  los $ 10 millones  y el valor total de  la deuda que está  pendiente de cobrar es de más de $ 2.000 millones.

“De ahí hay que retirarle $  800 ó 900 millones   que eran deudas ficticias de Aspiazu. Estamos hablando de alrededor de unos $ 1.000 millones   en total, pero ahorita estamos enfocando en grandes deudores”, dijo.
A aquellos deudores que no pagan completamente   se les iniciará acciones de insolvencia o de quiebra.

“Ya estamos entregando las notificaciones en  algunos casos para iniciar  las acciones de insolvencia contra ciertos deudores que no han pagado, entonces, y sobre todo, en la  publicación que salió esta semana. Si hasta el día viernes pasado no pagaron, los jueces de coactiva lo que harán  es poner en el proceso de coactiva los autos de quienes no han pagado e iniciar inmediatamente las acciones o notificar a los jueces de lo civil el proceso de insolvencia o quiebra”, subrayó.

Precisó que  algunos de los procesos de cobro estaban “durmiendo el sueño de los justos”, ya que en   muchos casos ni siquiera se habían notificado y  menos embargado algún bien.

“Desde que estamos en estos procedimientos hemos embargado, incautado bienes, hemos notificado a deudores, en eso estamos trabajando de manera acelerada”, expresó Delgado.

Puntualizó que las  anteriores administraciones de la AGD  hicieron cobros, pero a los más pequeños. “A estos grandes nadie nunca se enfocó de manera directa”.

Jueces no tramitan algunos casos

Delgado se quejó de que hay jueces que no dan trámite a algunos casos o fiscales, “que acuciosos  tratan de defender los intereses de los banqueros”.

“Aparecen fiscales no interesados en procesar acciones en contra del Grupo Peñafiel, entonces habrá que chequear, ya le hemos puesto la queja al Consejo de la Judicatura para saber qué es lo que está pasando ahí”, acotó.

Para controlar los más de 700 juicios que se llevan adelante, producto de la banca cerrada, se ha creado un sistema informático de control parecido a los que se manejan en las cortes de justicia del país.

Pedro Delgado mencionó que continúan en los procesos de cobro y  que ya se han vendido algunos bienes del grupo Isaías. El avalúo de los bienes de los Isaías está calculado en alrededor de  $  500 millones.

“Hemos publicado en la prensa para que   los acreedores   se acerquen, hemos venido pagando   hasta aquí, en certificados de pasivos garantizados se ha pagado alrededor de casi $ 5 millones y en pasivos garantizados en poder  público y del Estado hemos compensado casi $ 300 millones”, expresó.

Informó que con los procesos de coactiva que se han hecho y los remates que se efectuarán, en los próximos días se llamará a los acreedores no depositarios para cancelarles lo que se les adeuda. El próximo plazo es la publicación de los insolventes y eso el BCE lo hará   hasta finales de febrero o mediados de marzo.

El perjuicio  sería mayor

Actualmente, el BCE trabaja en la digitalización de cerca de 20 millones de hojas que contienen información histórica, asientos contables, estados financieros, entre otra documentación de la banca cerrada.

Son alrededor  de 30.000 cajas con la documentación que transfirió la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) al BCE, de las cuales por lo menos 6.000  se han procesado y hasta finales de año se digitalizó  1,5 millones  de documentos. De las  30.000 cajas, unas  8.800 corresponden al Banco del Progreso y 11.006 al Filanbanco.

Fidel García, ex asesor de la gerencia general del BCE, indicó que la entidad ha  estimado un  cobro de $ 2.000 millones, sin embargo el perjuicio al Estado aumentaría luego de revisar la información que se encuentra en las bodegas de la institución.

El ex asesor de Diego Borja  manifestó que con esta clarificación de información se  obtendrá muchos resultados favorables y podrían aumentar los deudores y por ende el dinero que se debe recuperar.

García destacó que esta información antes estaba almacenada sin las seguridades necesarias del caso, lo que la hacía vulnerable a pérdidas. Actualmente está resguardada por un personal capacitado. A esto se suma la documentación de otras bodegas de distintas entidades financieras de la banca cerrada.

El departamento cuenta con un presupuesto anual de $ 6 millones.