Oficinas, viviendas, vehículos y otros bienes habrían sido rematados a “precio de gallina robada” por la exAgencia de Garantías de Depósitos (AGD) y por el Banco Central del Ecuador (BCE), según los “deudores de buena fe” de la banca cerrada.

Los afectados señalaron que los bienes eran rematados entre los propios funcionarios de las entidades. Asimismo, denunciaron que los bancos que ocasionaron la crisis bancaria que hubo en el país entre 1998 y 1999  adelantaban la fecha de los pagos de los deudores para que no cancelaran a tiempo e inmediatamente embargarles los bienes que tenían en garantía.

Los “deudores de buena fe” son aquellas personas que solicitaron créditos a la banca privada cuando aún estaba en operaciones, pero, al quebrar los bancos, esas deudas quedaron pendientes por cobrarse, lo cual acumuló altos intereses.

“Teresa”, una de las perjudicadas, denunció que  se endeudó en 1998 con un crédito en el banco Filanbanco para adquirir un vehículo valorado en $ 12.000, incluidos intereses, pero dio $ 3.000 de entrada y 4 letras de  ($ 450), quedando con un saldo a pagar de $ 9.100. “Me atrasé con tres  letras de $ 450 y me embargaron en 1998 el vehículo con 5.000 kilómetros de recorrido.

Luego en 2005 lo remataron con 155.000 kilómetros de recorrido. ¿Quién hizo este recorrido si supuestamente estaba guardado”, se preguntó.

La deuda de la ciudadana actualmente asciende a $ 44.000 con intereses. El vehículo habría sido embargado por la exAgencia de Garantías de Depósitos (AGD).

Por su parte, Roberto Parra, vocero de los “deudores de buena fe”, indicó que hubo remates sin notificarles. “Hay un deudor de Quito, sin embargo le hicieron el juicio de coactiva en Guayaquil y el bien también se lo remataron aquí. ¿Cómo es posible que se remate en Guayaquil un bien que es de Quito?

En 1998 inició el proceso de quiebre del sistema financiero ecuatoriano. Como consecuencia, se creó la AGD. La agencia pasó a administrar los bienes incautados a los propietarios de la banca cerrada, labor que culminó en 2009.

En septiembre de 2009, tanto la administración de los activos de la banca cerrada  como la gestión de cobro pasaron de la AGD al BCE, para que a su vez procediera a pagar a los acreedores.

El 10 de diciembre de 2010 finalizó el traspaso de información de los bancos Filanbanco y Progreso, al Banco Central del Ecuador (BCE), el cual se quedó a cargo de los bienes de las dos entidades. Mientras que la Superintendencia de Bancos (SB) declaró concluidos los procesos de liquidación forzosa de los bancos del Azuay, Solbanco, Banunión y Finagro en marzo de 2010.

Se estima que el Estado ecuatoriano, el cual se hizo cargo de las deudas de la banca privada, perdió alrededor de $ 8.000 millones en el salvataje bancario.

Por otra parte, para hoy está previsto que acuda a la Asamblea el presidente del BCE, Diego Martínez, para que exponga los detalles de la ley que prepara el Ejecutivo en beneficio de los deudores.

Según el BCE, el monto de dinero original prestado por la banca fue de $ 842 millones en 4.968 operaciones crediticias, pero más los diferentes recargos por concepto de interés de mora, esa cantidad se elevó a $ 2.430 millones. Se cobraron los intereses del mercado, lo que registró un recargo de $ 212 millones; luego interés de mora, por $ 1.480 millones; y gastos judiciales, por $ 46 millones, con lo que se triplicó la deuda original.

De acuerdo con el Ejecutivo, “se recalcularán todas las deudas de los $ 842 millones a una tasa del 8% desde aquella época y se descontarán los pagos realizados, por lo cual se requiere presentar los respectivos recibos para determinar el saldo actual.