Una comisión auditora que determine la legitimidad o ilegitimidad de los créditos que desembocaron en la crisis financiera de 1999 es la principal propuesta formulada por el colectivo ‘Deudores de buena fe’, a propósito de la discusión del proyecto de Ley de Reestructuración de Deudas.

El grupo integrado por 90 personas concluyó que su situación guarda similares características al escenario que llevó al Gobierno Nacional a declarar en 2008 de ilegítima a la deuda pública por más de $ 3.000 millones.  

Así fue como recurrieron a quien lideró aquel proceso: María Elsa Viteri. La exministra de Economía de inicios del gobierno de Rafael Correa, promovió la creación de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público en julio 2007, cuyo informe final del 20 noviembre de 2008 comprobó la existencia de indicios de irregularidades en las negociaciones y renegociaciones de la deuda en el período 1976-2006.

La comisión auditora que ahora se sugiere es para recabar y sanear la información del salvataje bancario, está pensada en que sea vigilada por la Asamblea Nacional e integrada por expertos que no hayan ejercido cargos en la banca privada, pública ni en el Banco Central del Ecuador (BCE).

La intención es evitar posibles conflictos de intereses que opaquen el trabajo de investigación.

La Comisión de Régimen Económico, que procesa el actual proyecto de ley, conoció el planteamiento la tarde del lunes pasado.

En diálogo con EL TELÉGRAFO, María Elsa Viteri manifestó que decidió apoyar al colectivo en razón de “un compromiso moral” después de analizar los casos.

Son considerados deudores de buena fe aquellas personas que realizaron préstamos o recibieron créditos de las entidades financieras cerradas y que tras la crisis bancaria  han pagado con intereses sobre el capital e intereses sobre intereses. A esto último se lo conoce como “anatocismo”.

Existen casos de deudores que a lo largo de estos años han pagado cantidades superiores a lo que originalmente debían sin que sus casos sean solucionados.

Pese a toda la predisponibilidad para cerrar la deuda, sin éxito hasta ahora, Viteri concluye que la raíz del problema es que no existen datos reales. “No se tiene el punto de partida real”.

“En el caso de los deudores se han tomado decisiones validando la información que dejaron los propios victimarios (banqueros)”, expresó.

La auditoría, agregó, en máximo dos años, debe determinar la necesidad de utilización del endeudamiento, corresponsabilidad de los prestamistas, marco legal del proceso de endeudamiento, beneficiarios y perjudicados, impactos sociales, y la imposición del sistema del modelo de instituciones financieras.

A su criterio, la Asamblea debería reformar la Ley de Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, aprobada en 2014, y no tratar una nueva normativa de carácter urgente.

Jorge Sotomayor, afectado por un crédito productivo para siembra de banano que adquirió su familia en 1997 con Filanbanco, comentó que han pagado $ 1,2 millones superando el monto inicial, sin que esto resuelva la situación. El paso del tiempo consumió la vida de su padre y de otros familiares que contrajeron el crédito hace 20 años.

“Otra de las cosas que busca la Comisión es que se establezca quiénes han sido los responsables de estas supuestas irregularidades”, subrayó Sotomayor. (I)

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Agricultores piden ampliar plazos con el BNF

Existen 16.929 operaciones crediticias que tienen saldos pendientes con el ex Banco Nacional de Fomento (BNF), en liquidación. Productores agrícolas y pesqueros solicitaron la ampliación de plazos para cumplir con estos compromisos financieros.

El proyecto de Ley de Reestructuración de Deudas dispone la condonación de intereses y recargos a productores con créditos de hasta $ 20.000.

Miriam Rodríguez, coordinadora de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores Campesinos de Esmeraldas, Los Ríos y Cotopaxi, solicitó a la mesa que los tiempos de pago deben estar acorde a los períodos de producción de cada sector agrícola y pesquero.

Por ejemplo, explicó, si la cosecha de arroz dura seis meses, los saldos por cancelar no deberían cobrarse antes de ese tiempo. La solicitud será consultada con el Frente Económico del Gobierno, respondió la asambleísta Rosanna Alvarado.

Por otra parte, Edmundo Gudiño, presidente de la Asociación de Agroproducción Rafael Correa, pidió incluir en la condonación de intereses a las asociaciones que contrajeron préstamos grupales y perdieron sus producciones debido a fenómenos climáticos y a las dificultades de la economía nacional. (I)