La mayor parte de deudores no vinculados a la banca cerrada pertenece al desaparecido Filanbanco,   mientras que el segundo grupo al Banco del Progreso, informó Diego Martínez, presidente del directorio del Banco Central del Ecuador (BCE).

El titular del BCE compareció ayer ante la Comisión de Desarrollo Económico, de la Asamblea Nacional,   para explicar los detalles de la ley que prepara el Ejecutivo en beneficio de los “deudores de buena fe” de la banca cerrada.

En este contexto, destacó que la propuesta consiste esencialmente en rebajar las deudas, ya que por el tiempo transcurrido la acumulación de intereses “es enorme”. “La rebaja consiste en recalcular todas las deudas por el plazo que han tenido desde que se otorgaron hasta hoy, a una tasa del 8,2% que es la que ahora está vigente para el crédito hipotecario y que es la más baja que hay en el sistema financiero  ecuatoriano”, precisó Martínez.

El funcionario recalcó que debido a  que se otorgará un nuevo plazo de tres años para que se pague la deuda recalculada, “se suspenderán temporalmente durante ese lapso los juicios de coactivas y los remates que estaban en marcha  y demás”.

Agregó también que este proyecto se aplica solo con aquella persona que legítimamente contrajo deudas con la banca cerrada y no con los deudores vinculados a la misma.

Sin embargo, los “deudores de buena fe” manifestaron que tres años es un plazo corto para pagar las deudas recalculadas, por lo que consideran que debe incrementarse. De la misma manera, sostuvieron, la tasa de interés del 8,2% es alta y que debería  ser menor para poder cumplir con las deudas.

Preocupación de deudores

Jacqueline Chacón, quien es parte de los 4.968 “deudores de buena fe”, expresó que si bien existe la buena voluntad de ayudarlos, esto aún no es suficiente. “Deberíamos pagar solo el capital y no los intereses, porque nosotros nunca hemos desconocido nuestra deuda. En tres años no podríamos salir de la deuda, debería pagarse todo en unos diez o quince años”, puntualizó Chacón.

Agregó que su  deuda inicial fue de $ 74.000 para comprar una vivienda. “Yo pude pagar $ 36.000 y a pesar de que pagué eso, ahora debo 220.000 dólares. Mi deuda  inició con Internacional Bank, luego pasó al banco La Previsora, luego a  Filanbanco y, por último, al Banco Central del Ecuador”, dijo.

Al respecto, Martínez expresó que se revisarán todas las alternativas posibles. No todos los casos son iguales, porque hay personas que han hecho pagos importantes y otras no, entonces todo se tiene que analizar de manera responsable.  

En cuanto al pedido de reducir la tasa de interés del 8,2%, indicó: “podría hacerse alguna consideración  que pudiera modificar la tasa. No olvidemos que el tema es dependiendo de las personas y de su voluntad de pago”.

En cuanto a la propuesta planteada por el titular del BCE, se indicó también que las deudas por créditos de vivienda, cuyos inmuebles han sido rematados, quedarán extinguidas y se excluirán inmediatamente de la calificación “E” de la central de riesgos, para rehabilitar a la vida crediticia a los deudores.

Según el BCE, el monto de dinero original prestado por la banca fue de $ 842 millones en 4.968 operaciones crediticias, pero más los diferentes recargos por concepto de interés de mora, esa cantidad se elevó a $ 2.430 millones

En tanto, Juan Carlos Cassinelli, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, recalcó que la Asamblea Nacional ha tenido total apertura con los “deudores de buena fe”, pero para un tema de esta naturaleza se deben revisar algunas leyes y  se reformarían  para dar paso a lo que sería una propuesta que beneficie a los deudores que han tenido la intención de pagar y lo han hecho. “Una  revisión integral de temas que lastimosamente desde 1998 se ha convertido  en  una especie de karma  que les ha ocasionado mucha injusticia en la posibilidad de sus deudas”, subrayó Cassinelli.

Feriado bancario

Entre 1998 y 1999, durante la presidencia de Jamil Mahuad, se registró la mayor crisis financiera de la historia del Ecuador, cuando más de veinte bancos quebraron o fueron a manos del Estado por un grave problema de liquidez.

Por esta razón, el 8 de marzo de 1999, el primer mandatario de aquella época decretó un feriado bancario y el congelamiento de depósitos de los ciudadanos. Durante ese período, el salvataje bancario, considerado también como el “atraco del siglo XX”,  le costó al Estado cerca  de $ 8.000 millones.

Esta  crisis comprometió la tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) y congeló los depósitos de más de un millón de personas, entre ellos jubilados, que depositaron los recursos de sus cesantías en los bancos para ganar intereses, pero lo perdieron todo. Además, esto causó que millones de ecuatorianos migren a otros países para mejorar su situación económica  y enviar remesas a Ecuador.

DATOS

En 1998 inició el proceso de quiebra del sistema financiero ecuatoriano. Como consecuencia se creó la AGD. La agencia pasó a administrar los bienes incautados a los propietarios de la banca cerrada, labor que culminó en 2009. En septiembre de 2009, tanto la administración de los activos de la banca cerrada  como la gestión de cobro pasaron de la AGD al BCE, para que a su vez procediera a pagar a los acreedores.

El 10 de diciembre de 2010 finalizó el traspaso de información de los bancos Filanbanco y Progreso al Banco Central del Ecuador (BCE),que quedó a cargo de los bienes de las dos entidades. Mientras que la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) declaró concluidos los procesos de liquidación forzosa de los bancos del Azuay, Solbanco, Banunión y Finagro en marzo de 2010. Se estima que el Estado, que se   encargó de las deudas de la banca privada, perdió unos $ 8.000 millones en el salvataje bancario.