Los servidores públicos menores de 70 años de edad que decidan jubilarse de forma voluntaria volverán a recibir el pago de la compensación por parte del Estado.

Esto se hizo efectivo tras la derogación del Acuerdo Ministerial 094 del Ministerio de Trabajo, suscrito por el anterior gobierno a pocos días de terminar su gestión en mayo de 2017.

El documento, en su artículo 9, eliminó la obligación del Estado de cancelar las compensaciones cuando los burócratas con nombramiento permanente renunciaran sin planificación previa y en función de la disponibilidad presupuestaria.

En esos casos los funcionarios únicamente recibían la pensión correspondiente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero no la compensación por jubilación establecida en la Ley Orgánica de Servicio Público.

Organizaciones de jubilados del sector público han reclamado con insistencia la eliminación del Acuerdo 094 por considerarlo un atropello a sus derechos.

Este jueves 30 de agosto su petición se hizo realidad cuando el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, suscribió el Acuerdo Ministerial 185 que establece nuevas directrices para pagos de compensación jubilar a servidores públicos y deja sin efecto el anterior documento.

Cobija a exservidores pendientes de pago, a quienes tramitaban su jubilación cuando entró en vigencia el Acuerdo 094, a los que actualmente están en proceso y a los burócratas que se jubilarán en los siguientes años.  

El evento se llevó a cabo en Carondelet con la participación del presidente de la República, Lenín Moreno; el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y representantes de los jubilados.

Mariana Orellana, representante de los jubilados, dijo que el Acuerdo 094 les impidió el derecho de jubilarse dignamente.

Ledesma lo calificó de “injusto e ilegal” porque el Estado no tenía responsabilidad de pago si el funcionario se retiraba antes de cumplir los 70 años de edad y se acogía a la jubilación obligatoria.

Durante la firma del nuevo acuerdo las autoridades anunciaron que se desembolsarán $ 100 millones hasta diciembre para cubrir compensaciones pendientes de años anteriores.

Con ese monto se cancelará a 1.839 exfuncionarios. En los pagos se priorizará de acuerdo a la edad, año de jubilación y, por último, si la persona tiene algún tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica.

El dinero proviene del ahorro generado por las medidas de austeridad y optimización del Estado, aseguró Ledesma, quien agregó que en algunos casos las deudas provienen desde el año 2008.

El Presidente indicó que al asumir el mandato las obligaciones con los burócratas jubilados ascendían a $ 1.250 millones. Hasta el momento se ha pagado en efectivo la mitad ($ 626 millones) a alrededor de 12.000 personas.

“Qué grato y satisfactorio es ir saldando esa deuda histórica (...) Qué pena lo que se hizo con nuestros jubilados”, resaltó Moreno.

Para los $ 500 millones restantes cada institución pública deberá planificar el pago de compensaciones en su presupuesto anual, el cual debe ser validado por el Ministerio de Finanzas.

Una alternativa de pago será con bonos del Estado. Quienes se decidan por esa vía pueden negociar los papeles y obtener el dinero de forma inmediata (pero con un descuento).

También tienen la opción de recibir los pagos mensuales por el rendimiento y al cumplir los 70 años de edad pueden acercarse a la entidad de la que se jubilaron, la cual deberá pagar en efectivo la totalidad de los títulos.

Jaime Ruiz, coordinador de maestros jubilados de Pichincha, saludó la intención del Gobierno para este año, pero la considera insuficiente, pues solo cubrirá a 900 maestros cuando son más de 8.000 los que esperan la compensación, por eso insistirán en el pago integral. (I)