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Ecuador, 23 de Enero de 2025
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“Descentralización sí, ¿con responsabilidad fiscal?”

Actualmente, la economía ecuatoriana experimenta un ciclo expansivo de significativo crecimiento (con una tasa anual de +4,3%, como promedio en el período 2000-2013) que facilita el avance hacia la consecución de metas del vigente Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir (2013-2017), en el marco de la nueva Constitución de Montecristi (de 2008) donde la  descentralización  fiscal es un eje vertebrador para que el Estado ecuatoriano se gobierne de manera descentralizada, según un modelo equitativo y progresivo (Título V). Dos recientes hitos han reforzado el proceso de descentralización en el Ecuador: la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad, en octubre de 2010), que reglamenta tanto la nueva organización territorial del Estado, como el proceso de transferencias de competencias y de ingresos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) -esto es, de las provincias, municipios y parroquias-; y la creación del Consejo Nacional de Competencias (CNC, en enero de 2011), que materializa el necesario diálogo y articulación multinivel entre el Gobierno Central y los GAD para organizar y desplegar el proceso de descentralización.

El proceso de descentralización fiscal hacia los GAD permite instrumentalizar el deseable equilibrio vertical entre necesidades de gasto y fuentes de ingresos de los diferentes niveles de gobierno en Ecuador, a la par que la aplicación del actual Modelo de Equidad Territorial (establecido en la Constitución) de transferencia de recursos a los GAD persigue avanzar en cerrar brechas fiscales y aumentar la equidad y cohesión interterritorial.

Es aquí donde cobra relevancia el anhelado principio de corresponsabilidad fiscal para los GAD, que relaciona sus competencias de gasto público con su nivel de suficiencia financiera a través de su recaudación de ingresos tributarios propios.

Si analizamos las diferentes fuentes de ingresos de los municipios, que son los GAD con mayor autonomía tributaria en Ecuador- se observa que en el año 2013 el total de sus ingresos ascendió a $ 4.432,8 millones (datos del Banco del Estado), de los cuales de mayor a menor capacidad financiera fueron: un 46,2% por transferencias y aportaciones de capital e inversión recibidas; un 26,1% por financiamiento (con un 6,5% por endeudamiento público, del que un 3,3% es deuda externa y un 3,2% deuda interna; un 12,1% por saldos disponibles en caja y bancos; y un 7,5% por cuentas pendientes por cobrar y anticipos de fondos); un 9,4% por ingresos de impuestos municipales; un 8,6% por transferencias y donaciones corrientes; un 4,8% por recaudación de tasas municipales; un 1,7% por contribuciones de mejoras; un 0,9% por rentas de inversiones; un 0,8% por venta de activos (muebles e inmuebles); un 0,6% por ventas de bienes y servicios; un 0,4% por cobro de multas; y un 0,5% por concepto de otros ingresos (garantías, fianzas, indemnizaciones y otros no especificados).

Así, cabe destacar que del total de los ingresos de los municipios, sus ingresos tributarios propios no alcanzan a una quinta parte del total (tan solo representaron el 17,4%), mientras que el conjunto de transferencias recibidas -básicamente a través del Fondo de Descentralización a Municipios- supusieron más de la mitad de sus ingresos (un 54,8%). Esta escasa recaudación impositiva, y elevada dependencia de las transferencias recibidas del Gobierno Central (que en el período 2007-2013, crecieron a un ritmo del 9,0% anual), dinamita los fundamentos de la corresponsabilidad fiscal municipal y dificulta que los GAD se responsabilicen y respondan ante sus ciudadanos respecto a la financiación del gasto público que realizan.

Ante esta situación, hay cuatro elementos estratégicos que podrían apuntalar el actual proceso de descentralización e incrementar la necesaria corresponsabilidad fiscal de los GAD: 1) promover el cambio del modelo actual de financiación de los GAD para que estos aumenten su suficiencia y autonomía financiera, a través de una mayor (y mejor) gestión de sus ingresos tributarios propios y una menor demanda (y dependencia) de transferencia de recursos del Gobierno Central; 2) aumentar progresivamente la autonomía tributaria de los GAD en función de las nuevas competencias de gasto que se les vaya transfiriendo; 3) apoyar y reforzar la capacidad institucional de gestión de los municipios; y 4) reformular los criterios de reparto y el sistema de transferencias del actual Modelo de Equidad para dar un mayor peso al esfuerzo fiscal y administrativo que realicen los GAD, a la par que se avance en el cierre de las existentes brechas fiscales y se avance hacia una mayor equidad territorial.  

El camino ya está trazado en el actual modelo de desarrollo del Buen Vivir. Los retos son importantes, y para hacerles frente se demanda voluntad política y cooperación intergubernamental en pro del bien común y el Buen Vivir.

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