Ecuador con sus tres refinerías, Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi, produce aproximadamente 175.000 barriles de combustible diarios, lo que cubre alrededor del 40% de la demanda nacional.

El 60% restante se lo importa. Esta compra está relacionada principalmente con el diésel premium y con gasolinas de alto octanaje. Además, el combustible ecuatoriano no cumple con normas internacionales de calidad, no produce combustible euro 5.

Según Carlos Pérez, exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, estas son las principales razones por las que se autorizó delegar a manos privadas el diseño, construcción y operación de una nueva refinería.

El miércoles, Pérez compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para dar más detalles sobre este y otros proyectos. En cuanto a la nueva refinería aclaró que esta será de alta conversión con capacidad de hasta 300.000 barriles.

La inversión privada podrá elegir cualquier lugar de la Costa ecuatoriana para su construcción. La refinería será financiada 100% a riesgo de capital privado sea este nacional o extranjero.

En cuanto al precio del combustible, el compromiso es que el país pague el precio internacional equivalente a los del Golfo de México. El ahorro estaría en el valor del transporte.

Pérez aclaró que antes de tomar esta decisión, se analizó la opción de seguir importando combustible para cubrir la demanda nacional. Sin embargo, esta crece 4% cada año. Es decir que para el 2030 esta demanda estará en 322.000 barriles por día. “De seguir importando combustibles la balanza comercial del país será aún más deficitaria”, explicó.

Varios asambleístas cuestionaron que por qué no se trató de continuar con el proyecto de la Refinería del Pacífico (RDP), ubicada en El Aromo, Manabí. Esto para no perder cerca de los $ 1.500 millones que ya se invirtió en ella.

Pérez aseguró que se trató de concesionar la RDP, pero no hubo interés por parte de los inversionistas. “Las empresas consideran que la inversión hecha es un valor excesivo y que lo que está construido ahí no vale lo que se refleja en libros”, comentó Pérez.

Además, continuó el exministro, técnicamente El Aromo no es la mejor ubicación para un proyecto refinador porque no está cerca de infraestructura como muelles, boyas, oleoductos y poliductos. Tampoco está a las orillas del mar.

Otro factor que hace al proyecto poco atractivo es la sociedad que la RDP tiene con Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esta última es el 49% socio de este proyecto. Por esta razón -dijo Pérez- se solicitó la liquidación de esta refinería.

Cristian García, liquidador de RDP explicó que este proceso inició el 12 de marzo de este 2019. Como acreencias recibió $ 1.098 millones. A esto se suman varios procesos contenciosos administrativos y laborales cuyas cuantías suman alrededor de $ 65 millones.

Se han vendido vehículos y varios muebles. Hay problemas para vender inmuebles por falta de documentación. Además, por falta de dinero no han podido contratar las consultorías ambientales necesarias para cerrar las licencias ambientales.

Según García, no hay un plazo para la liquidación de la compañía porque depende de acciones judiciales y procesos administrativos. (I)