El lunes 21 de mayo el recién posesionado ministro de Economía, Richard Martínez, entregará al presidente de la República, Lenín Moreno, una propuesta para derogar el Decreto Ejecutivo 1218, instrumento creado por el anterior gobierno con el que cambió la metodología para medir la deuda pública.

En el examen especial al manejo de la deuda pública, entre el 1 de enero de 2012 y  24 de mayo de 2017, la Contraloría General del Estado (CGE) concluyó que valiéndose de ese decreto, suscrito por el expresidente Rafael Correa, se “rebajó artificialmente” el nivel de endeudamiento cuando este se encontraba cerca del límite legal permitido (40% del PIB).

Al respecto, el órgano de control recomendó al Ministerio de Finanzas elaborar un proyecto para derogar el documento vigente desde el 20 de octubre de 2016.

Con esto, la medición de la deuda frente al Producto Interno Bruto (PIB) dejará de considerar únicamente la deuda consolidada (que excluye obligaciones internas).

Martínez, quien este jueves 17 de mayo dio su primera entrevista como Ministro a Ecuavisa, señaló que hasta este viernes 18 de mayo se evacuarán ocho de las 18 recomendaciones de la auditoría. Las demás se despacharán en los siguientes días.

La Contraloría también señaló que cualquier endeudamiento que no conste en el presupuesto fiscal para 2018 deberá atenderse según el Código de Planificación de las Finanzas Públicas (Coplafip), a fin de “ajustar gradualmente” la deuda.

Es decir que el Gobierno podrá ejecutar el financiamiento aprobado por cerca de $ 8.300 millones.

“Permite que este año podamos actuar sin ningún inconveniente (...) si hace falta más, pues tenemos que proceder como determina la ley y solicitar autorización de la Asamblea”, explicó Martínez.

La tan esperada ley que viabilizará el programa económico estará lista antes del 24 de mayo “con temas que se generen para devolver la competitividad al sector productivo”. Incluirá una reforma para sustituir el techo de la deuda por nuevas reglas macrofiscales.

“Lo importante no es el peso de la deuda sobre el PIB, sino la capacidad de pago que tiene el país. Tampoco se puede quedar extremadamente abierto para que luego se haga uso irresponsable”.

Hasta enero de 2018, según el Ministerio de Finanzas, la deuda consolidada se ubicó en el 34,3% con relación al PIB ($ 35.709 millones). Las cifras no han sido actualizadas desde entonces, por lo que Martínez ordenó su publicación inmediata, así como todas las recomendaciones de la Contraloría.

En otras acciones, el funcionario dispuso la transferencia de más de $ 100 millones de pagos represados y que corresponden a grupos vulnerables, personas de la tercera edad, programas de niños, y provisión de bienes y servicios.

También estableció un plan de pagos, “armado emergentemente”, para cubrir las compensaciones pendientes a servidores públicos jubilados. Los desembolsos deberán completarse hasta finalizar mayo o máximo en los primeros días de junio.

Reiterando su compromiso de transparentar la situación de la economía nacional, Martínez prepara un informe pormenorizado sobre las condiciones actuales del país, el cual será expuesto a Moreno.

A partir de ese diagnóstico dará a conocer cuáles son sus estrategias, enmarcadas en una programación fiscal estructurada.

Fue consultado sobre la intención del Gobierno de elevar los techos arancelarios a 375 subpartidas, a lo que respondió que todos los temas son evaluados.

Mientras se desempeñó como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), entre 2015 y 2018, Martínez se mostró crítico a esta propuesta y a otras medidas similares por considerarlas barreras al intercambio comercial. (I)

Contraloría
Reformas del Coplafip
Una de las recomendaciones del examen especial a la deuda pública dispone al Ministerio de Finanzas reformar el Coplafip y su reglamento, pues derogó normas que prevenían en forma clara la composición del endeudamiento.

3 resoluciones ministeriales de 2010 sobre el secreto y reserva de la deuda deben ser suprimidas.

Preventa de petróleo
La Contraloría también recomendó incluir en los saldos pendientes de deuda los contratos de preventa petrolera. (I)