Quito.-

La intervención de la asambleísta Soledad Buendía, del grupo correísta de Alianza PAIS (AP), en la Comisión de Régimen Económico, dejó sorprendidos a algunos legisladores de la oposición.

Ella defendió el pago del 40% para las pensiones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y dijo que no firmaría nada que no incluya esa deuda con los jubilados. “¿Cómo es posible maltratar a los jubilados? No deberíamos avanzar si no se incluyen los recursos para los pensionistas”, argumentó.

Este lunes, esa mesa legislativa recibió a representantes de los jubilados del IESS en comisión general y en medio del tratamiento al proyecto económico urgente para la Reactivación Económica y la Proforma presupuestaria de 2018, que envió el presidente de la República, Lenín Moreno.  

El discurso de Buendía sonó extraño. Ella y su bancada siempre negaron la existencia de esa deuda. El actual Gobierno reconoció que el expresidente de la República, Rafael Correa, había dejado esa “herencia”.

La Comisión de Régimen Económico prepara el informe para ambas iniciativas del Ejecutivo. Esos dos temas han levantado polémica en la facción correísta y en la oposición. Los primeros se oponen a los cambios que propuso el presidente Moreno con dinero electrónico, sin el respaldo del Banco Central,  ampliar la base deducible del Impuesto a la Renta para quienes ganen $3.000 y no tengan cargas familiares, entre otros.

La facción correísta de la comisión advirtió que modificará el “50% del proyecto de ley porque en el ámbito tributario castiga a las familias de la clase media”, dijo a este diario Esteban Melo, del grupo correísta de PAIS, e integrante de la comisión.

Sin embargo, la oposición opinó que el discurso responde a la división interna del oficialismo, que quiere boicotear a Moreno. “Tratan de menoscabar al Gobierno. Deben sacarse la careta y decir qué defienden y a quién representan”, comentó Wilma Andrade, de Izquierda Democrática y del Bloque de Integración Nacional (BIN).

Para ella, la propuesta tiene una visión social y está de acuerdo a la Constitución.  Pero reconoció que hay dificultades en el tema equilibrio de las finanzas públicas. “El Presupuesto General del Estado tiene carga del Gobierno anterior, que se  debe cumplir y no eliminar”, dijo.

Otros integrantes de la comisión dijeron que el discurso del grupo correísta aparenta coincidir con el de ellos. Pero no es así, explicó Mae Montaño, de CREO. “No hay nada de sinceridad. Lo triste es que fingen ser del otro lado y aprovechen eso”.

Según ella, la gente pregunta ¿por qué no dijeron eso en los años anteriores? “Es manipulación y mentira”, señaló. Ella aclaró que no aprobará ninguna de las dos iniciativas del Ejecutivo. “¿Por qué quieren sacrificar a los ecuatorianos?”, preguntó.

El socialcristiano Henry Kronfle, quien también integra la comisión, desmintió que haya coincidencias con el ala correísta de PAIS.

Ellos quieren dar un golpe político y nosotros no queremos que se destruya la economía. “No venimos a dar golpes políticos, sino a salvaguardar los empleos y el bienestar de la población, y en eso somos muy distintos”, argumentó.

El informe de la Proforma Presupuestaria 2018 y la Programación Cuatrianual 2018-2021 se someterá a votación este 16 de noviembre dentro de la comisión. (I) et

Atenciones

Deuda del estado con el IESS
→Édison Lima, dirigente de los jubilados, calificó como preocupante que en la Proforma 2018 no conste la deuda de $ 2.537 millones que mantiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por atenciones de salud.  

→50 por ciento  del proyecto de ley  económica sería modificado, dijo el asambleísta  Esteban  Melo .

Augusto barrera se ausentó
→El titular de la Senescyt, Augusto Barrera, no asistió para tratar sobre los recursos destinados a la educación superior.

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Críticas a tasa de control aduanero continúan

La resistencia al pago de la tasa de control aduanero que entró en vigencia ayer continúa desde los diferentes gremios productivos.

José Antonio Camposano, titular de la Cámara Nacional de Acuacultura, manifestó que dicha recarga es ilegal y afecta la actividad productiva. Se refirió como ejemplo a los planes del sector de levantar una fábrica de alimento balanceado para el camarón.

Según Camposano, desaduanizar cada contenedor con la maquinaria importada implicaría un costo de $ 85.000 y un total de hasta $1’000.000 para las empresas. Posteriormente, tendrán que cancelar la tasa al adquirir soya y trigo para elaborar los balanceados, pese a que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) afirma que el valor para estas materias primas será de menos de $ 0,01.

Mediante un comunicado, Mauro Andino Alarcón, titular del Senae, informó que la tasa no es retroactiva. Es decir que los productos que se encuentran en tránsito, que ya fueron embarcados o ingresaron al país, no pagan la tasa.

Ante la acción judicial remitida por el sector empresarial el sábado en Guayaquil, indicó que se sorprende que se haya recurrido a este mecanismo.  “Confiamos en que la justicia resolverá en beneficio de los ecuatorianos”, señaló.

Por su parte, la empresaria Isabel Noboa dijo que el Gobierno debe buscar salidas sin necesidad de subir tributos a los empresarios y fomentar la inversión con seguridad jurídica. (I) et