El Ministerio de Finanzas anunció la tarde del miércoles que los $ 300 millones tomados de la Ley de Solidaridad fueron “reintegrados en su totalidad” a la cuenta correspondiente. Dicho pago se realizó en dos desembolsos. El primero por $ 100 millones y el segundo por $ 200 millones, según la página web de la entidad.

El asiento contable fue registrado con fecha 10 de enero de 2018. El concepto de la primera transacción está descrita como “primer reembolso programado (manejo integrado de liquidez sp) para no afectar la normal ejecución de la construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, y la reactivación productiva en zonas afectadas por el terremoto de 2016”. Y el segundo como “reembolso de la diferencia programada (...)”.

De todas formas, la medida ha generado enormes críticas por parte de la oposición, sobre todo en la Asamblea Nacional, donde hay voces que piden un juicio político.

El titular de Economía, Carlos de la Torre, justificó que la operación se inscribe dentro del concepto de un manejo integral de liquidez de la Cuenta Única del Tesoro Nacional.  

“Eso quiere decir que  pueden transferirse los recursos de una a otra (cuenta del Tesoro) en función de los requerimientos de corto plazo en un momento determinado”, defendió De la Torre.

El funcionario mencionó que está amparado en el artículo 173 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; así como en el artículo 184 del reglamento correspondiente.

Además señaló que se complementa una resolución interinstitucional de diciembre de 2015 entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador (BCE).

Al ser consultado por el destino de los recursos, Carlos De la Torre dijo que se distribuyeron en cubrir pagos pendientes con proveedores y gobiernos autónomos descentralizados (GAD). No detalló los montos asignados a cada uno.

“Se está repartiendo o transfiriendo recursos de unas cuentas a otras sin que  esto afecte, de ninguna manera, el saldo que se utiliza para poder cubrir las necesidades de la reconstrucción”, reafirmó.

Pero ¿cómo obtuvo ingresos el Gobierno para empezar a restituir los $ 300 millones en menos de 15 días?

Sin dar mayor precisión, el Ministro respondió que una parte proviene de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA); otra de las exportaciones petroleras, y por desembolsos de créditos contratados en el pasado.

El funcionario habló en una rueda de prensa en la que participó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano (AP), y el vicepresidente Carlos Bergmann (AP).

Bergmann, asambleísta por Manabí y ponente de la Ley de Solidaridad, dijo que el 8 de enero solicitó formalmente la presencia de De la Torre. Serrano, por su parte, indicó que la documentación compartida por el Secretario de Estado no frenaba el pedido para que acuda al pleno.

Lejos de calmar los ánimos, las explicaciones de Finanzas no convencieron a quienes incluso advierten con iniciar un juicio político en su contra.

Legisladores de diferentes tiendas políticas concordaron en que sin importar los motivos ni el uso del dinero, el Gobierno no debió tomar los $ 300 millones porque va contra la Ley de Solidaridad, la cual dispone que los fondos se utilizarán para la reconstrucción. Opinaron que lo ocurrido también deja una mala impresión en cómo se están ejecutando los proyectos de la reconstrucción. (I)

Ley Solidaria
Destino de la recaudación
El primer artículo señala que la norma tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada.

2 puntos porcentuales de incremento al IVA, por un año, se fijaron en la ley para tener fondos.

Reparto a los Gad
La disposición general primera ordena que los recursos obtenidos “no se considerarán para distribución de ingresos no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados”.   

"Solicité a Contraloría un examen especial al retiro del dinero que hizo el Gobierno".
Tanlly Vera
Asambleísta por Manabí, Movimiento CREO.


"Solicité a Contraloría un examen especial al retiro del dinero que hizo el Gobierno".
Roberta Zambarano
Asambleísta Esmeraldas, PSC.


"El hecho de haber restituido el dinero no deslinda de responsabilidades".
Juan Lloret
Asambleísta por Azuay, de Alianza PAIS.


"Fondo para Manabí y Esmeraldas no debe tener otro uso que la reconstrucción".
Wilma Andrade
Asambleísta nacional, Partido ID.