El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicó ‘Progreso Multidimensional: bienestar más allá del ingreso’, la última edición del Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) para América Latina y el Caribe.

En este documento se alerta sobre el riesgo de que, a corto plazo, vuelvan a caer en la pobreza entre 25 a 30 millones de personas, básicamente debido a una baja de los ingresos y los activos del hogar ocasionada por la pérdida del empleo, la inseguridad, los riesgos de salud o la incidencia de desastres naturales. Este eventual nuevo escenario de empobrecimiento afectaría a más de un tercio de la población que salió de la pobreza desde 2003.

También se destaca que, a consecuencia de una inserción laboral precaria en las actividades de servicios, muchos jóvenes y mujeres son económicamente vulnerables. Ellos son parte de un grupo mayor de 220 millones de personas que, si bien no son pobres, no lograron tampoco ascender a la clase media.

“En este momento, hay que proteger los logros alcanzados (...) e impulsar políticas y estrategias inclusivas e integrales adaptadas a poblaciones que sufren de discriminaciones y exclusiones históricas”, dijo la directora Regional del PNUD, Jessica Faieta.

Los límites del mercado laboral podrían revertir los avances

Entre 2003 y 2013, en América Latina, 72 millones de personas salieron de la pobreza y 94 millones de personas entraron en la clase media. Por ello, para 2014, según los indicadores de bienestar multidimensional usados por el IDH, Ecuador estaba en el grupo de países cuyos hogares de clase media lograron un consumo privado per cápita que fluctuaba entre $ 10 y $ 50 diarios.

Empero, desde 2015, el número absoluto de latinoamericanos pobres aumentó por primera vez en la última década. Esta circunstancia estaría relacionada con los límites de la expansión laboral y fiscal.

La informalidad predomina en el mercado laboral latinoamericano. Más de la mitad de 300 millones de trabajadores son o bien asalariados en microempresas con menos de 5 puestos de trabajo, o bien autoempleados sin calificación o sin ingresos regulares.

Por otra parte, el 70% de más de 50 millones de empresas pequeñas y medianas (Pymes) son informales y dos de cada tres nuevos empleos creados fueron en el sector de servicios, el cual tiene baja productividad y altas tasas de informalidad.

“Sin aumentos futuros de la productividad de los sectores de baja calificación laboral, la sostenibilidad del crecimiento y, en consecuencia, de los logros sociales, se compromete”, indica el informe.

Ante esas limitaciones, la expansión de las transferencias sociales y de las pensiones no contributivas contribuyó a una reducción del 30% de la desigualdad de ingresos. Sin embargo, en la actual coyuntura económica global, aquella expansión enfrenta restricciones fiscales.

En razón de lo anterior, el PNUD señala que mejorar la efectividad y progresividad de los sistemas fiscales es un desafío urgente.

Las políticas deben favorecer la ‘resiliencia’ de los hogares

En la década pasada, los mercados laborales y la educación constituyeron “los grandes motores para dejar la pobreza”. Sin embargo, para reducir el riesgo de una recaída en la pobreza de millones de personas, el informe del PNUD propone diseñar e implementar políticas públicas en cuatro ámbitos fundamentales.

En primer lugar, se requiere incentivar una transformación de los mercados laborales mediante el mejoramiento de la calidad del empleo. De manera simultánea, se deben mejorar los sistemas de protección social a través del acceso universal a un conjunto de beneficios sociales desvinculados del mercado laboral.

A su vez, el PNUD sostiene que es necesario promover un mayor acceso de los hogares a activos físicos o financieros, promoviendo el desarrollo de mejores mecanismos para la inclusión financiera y para la facilitación de créditos.

Por último, para poder acometer oportunamente los desafíos ocasionados por las transformaciones demográficas en las sociedades latinoamericanas, se requiere desarrollar sistemas de cuidados para niños, niñas, adultos mayores, y personas con enfermedad o discapacidad. De esta manera, indica el PNUD, se acortarán las brechas entre hombres y mujeres en lo que refiere al uso del tiempo y la participación laboral.

En momentos de una desaceleración económica generalizada a nivel regional, la protección social, los sistemas de cuidado, la calificación laboral y el acceso a activos son los elementos clave que componen lo que el IDH denomina ‘canastas de resiliencia ante la vulnerabilidad’. A través de estas, se busca que las políticas públicas puedan aumentar la capacidad de los hogares para absorber shocks económicos y prevenir sus retrocesos hacia la pobreza. (I)