Cuatro proyectos de infraestructura, por un monto de $ 1.500 millones, tiene en carpeta el Gobierno para iniciar el plan de alianzas público-privadas. Así lo anticipó esta semana la ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, en una reunión la semana pasada con empresarios en Guayaquil.

Entre las obras, la funcionaria mencionó, la autopista Río 7 en Huaquillas y el puerto de Machala, ambos en la provincia de El Oro, así también el puerto de Posorja, que serían financiadas con fondos  de la empresa privada.

La herramienta para hacer posible la cooperación es el proyecto de  Ley de Fomento a las Alianzas Público-Privadas, previo a su llegada a la Asamblea, que será socializado con los sectores involucrados.

El presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), Francisco Alarcón, señaló que espera la llegada del documento a la sede del gremio para analizarlo y hacer propuestas puntuales, según lo acordado con Cely.

Preliminarmente, señaló, se trata de algo “positivo” porque da a la empresa privada las mismas condiciones de inversión de las públicas.

Por ejemplo, entre los incentivos que ofrece el Gobierno para atraer a los inversionistas privados, están las exenciones del pago al Impuesto a la Renta (IR) por 10 años, así como del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Según Alarcón, estas propuestas ayudarán a que la inversión sea mayor en el país.

Antes de apostar por las obras de interés público,  deberá garantizarse la estabilidad que, aseguró Alarcón, necesita todo inversionista. “La inversión llega cuando las “aguas están en calma”, por eso hemos insistido en que no se traten proyectos como los de gravar a la plusvalía y herencias”, añadió.

Condiciones de inversión

El marco jurídico en el que se moverán los protagonistas de esta alianza es lo que, en esencia, aún no conocen a profundidad los empresarios.

El titular de la Cámara de la Construcción de Guayaquil (CCG), Enrique Pita, expresó que es fundamental definirlo para que, pasado cierto tiempo, no se cambien los términos de lo acordado “o llegue otro gobierno e interprete los contratos de forma diferente”.

“La ministra Cely mencionó que la ley estará lo más reglamentada posible y eso permitirá cubrir la mayor cantidad de inquietudes”, señaló el principal de la CCG.

El proyecto contemplaría la creación de un comité para determinar el mecanismo por el cual se viabilizaría la construcción y administración de estas obras.

Cely propuso que, en el caso del sector de la construcción -que es al que hasta el momento se han referido las autoridades sin descartar otros-, la fórmula de trabajo conjunto podría basarse en el Built, Operate and Transfer (BOT), un modelo con el cual, en la mayor parte de los casos, se comparte el riesgo, pero que contempla un canon que permite al empresario recuperar su inversión. Al final de un tiempo las obras se transfieren al Estado.

En general, en el caso de los trabajos viales, podría tratarse de una concesión, pero está por definirse la figura en el caso de escuelas y hospitales. “Entendemos que se arrancará, por ahora, con el tema vial, indicó Alarcón.

Un sistema calificado de eficiente

Las alianzas público-privadas o PPP (Public-Private Partnership) no son un sistema nuevo. El Banco Mundial (BM) las define como un acuerdo en el “que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública”.

Según esta descripción, usualmente, no se incluyen contratos de servicios o contratos “llave en mano”, ya que estos son considerados como de privatización de servicios públicos en los que existe un rol  limitado del sector público.  

Enrique Pita señaló que en Brasil, por ejemplo, existen 76 proyectos viales bajo este esquema.

Cely sugirió que las alianzas público-privadas también son una fuente de transferencia de tecnología. “Conozco casos muy interesantes en el que los empresarios llevan su ‘know how’ (saber hacer) teniendo en cuenta la tecnología o el equipamiento por instalar, y lo más importante es la capacitación del personal que va a operar dichos equipos”, manifestó.

El pasado miércoles, el ministro de Finanzas informó sobre un cambio de $ 800 millones al Presupuesto General del Estado para ajustarlo a la disminución de ingresos causado por el bajo precio del barril de petróleo. De los cambios, al menos $ 700 millones corresponden a gastos de inversión.

El analista económico Walter Spurrier señaló que, en esta coyuntura, es una buena opción que las empresas privadas tomen la posta de la inversión, ya que, de otra forma, las inversiones programadas con recursos internos no podrán llevarse a cabo.

En tal sentido, Francisco Alarcón, expresó que la iniciativa es un paso adelante, ya que el Estado “no debe reservarse para sí” el  desembolso de todas las obras. “Si  la empresa privada hubiera asumido una parte de la inversión pasada, talvez hoy el Estado tuviera más recursos para sí mismo”, agregó.

Por otra parte la Ministra Cely mencionó: “Lo veo como una herramienta para poder ejecutar obras públicas de una manera más eficiente y más efectiva”. (I)