Cuatro ecuatorianos eran los representantes en el país de la firma Mossack Fonseca, involucrada en la investigación periodística denominada ‘papeles de Panamá’. Según miles de documentos filtrados, el bufete de abogados asistió a políticos, empresarios, deportistas y personajes del mundo del entretenimiento y la cultura a crear sociedades offshore en paraísos fiscales.

Entre los documentos filtrados y que publicó EL TELÉGRAFO en su portal consta el acta de representación firmado por las cabezas de Mossack Fonseca: Jurgen Mossack y Ramón Fonseca. Mientras que Juan Esteban Arellano Rumazo, Javier Esteban Bonilla Molina, Pablo Paredes Larrea y Juan Bernardo Dávalos Salazar suscribieron el documento como “el representante”.

Arellano fue presidente ejecutivo de Andinatel en el gobierno de Alfredo Palacio. Según diario El Universo, ahora sería representante de Mossack Fonseca en Colombia.
Dávalos fue vocal de Andinatel en 2007. Mientras que Paredes fue asesor del Ministerio de Finanzas en 2004. Molina hizo lo propio en la Secretaría Nacional de Inteligencia entre 2014 y 2015, pero como asesor externo, reveló la cartera de Estado en un comunicado.

En uno de los considerandos del acta se indica que “Mossfon (Mossack Fonseca) reconoce que el representante (los 4 ecuatorianos) conoce y tiene experiencia comercial y de mercadeo de los productos ofrecidos por Mossfon.

Sobre los precios ofertados, el acta especifica que “el representante no podrá mercadear para su venta ninguna compañía, fundación, fideicomiso o servicios similares de las jurisdicciones offshore dentro del territorio asignado a precios inferiores a los de Mossfon.

El territorio asignado es Quito. En el portal de Mossack Fonseca se informa que la firma posee dos oficinas en Ecuador: Guayaquil y la capital. Pero los 4 ecuatorianos antes citados cubrían exclusivamente esta ciudad.

Todas las facturas que presentaban a Mossfon debían ser pagadas en su totalidad en menos de 30 días. Pero los ecuatorianos antes mencionados estaban obligados a informar sobre todos los fondos recibidos.  

En el acta, fechada en 2007, los ecuatorianos se comprometen a 30 productos de Mossfon en los primeros 6 meses de actividad. Y en el segundo semestre la cifra subiría a 60. A medida que pase otro semestre la cifra aumentaría 10%.

Los representantes debían pedir a sus clientes certificados bancarios y referencias morales. El acta asegura que esto es para cumplir la “nueva legislación” de conozca a su cliente. Esos documentos debían ser enviados a Panamá en caso de que se abriese una investigación. Pero en el mismo documento, más adelante, se indica que no es necesario revelar la identidad del cliente, a no ser que se produzca una indagación.

Luego de esta firma los ecuatorianos habrían constituido Representaciones Molpadar. Según el portal de la Superintendencia de Compañías la empresa ya no está activa. Tenía sede en Quito.

Mossack Fonseca está en el ojo de una tormenta internacional. Los directivos aseguran que no han cometido ningún ilícito, pero, según revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), habrían ayudado a personas ligadas al narcotráfico.

Uno de los fundadores de la firma Jürgen Mossack nació en Alemania en 1948. Junto a su familia se trasladó a Panamá a inicios de los años 60. Durante la segunda guerra mundial, el padre de Mossack integraba la Waffen SS, el brazo militar del partido nazi, según archivos de inteligencia estadunidenses.

El rol de Estados Unidos

Los abogados panameños dijeron que sus servidores fueron atacados desde el extranjero. WikiLeaks aseguró que Estados Unidos financió la filtración para afectar la imagen del presidente ruso, Vladimir Putin.

Pero ayer el viceportavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Mark Toner, dijo que los periodistas “recibían financiación de varias fuentes, incluido el Gobierno de EE.UU.”. Según él, los informadores fueron financiados “no para perseguir ciertos objetivos o personas, sino para que realicen investigaciones independientes periodísticas”. La operación se realizaba a través de Usaid, la agencia norteamericana que se financia proyectos de cooperación internacional. (I)

REACCIONES

El fiscal federal argentino, Federico Delgado, abrió una investigación al presidente Mauricio Macri por su participación en dos sociedades ‘offshore’. La investigación apunta a aclarar la situación del presidente argentino, quien figura como director en la firma Fleg Trading Ltd. inscrita en Bahamas y Kagemusha S.A., de la cual Macri sería vicepresidente, que está “aún en funcionamiento”.

El jefe negociador del Gobierno de Colombia con las FARC, Humberto de la Calle, constituyó legalmente “una sociedad familiar” en Panamá. “Por razones de seguridad y confidencialidad, en el pasado constituí una sociedad familiar denominada Davinia con el único fin de servir de tenedora de mi patrimonio familiar”, señaló el funcionario en un comunicado.

El precandidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, acusó a su rival Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, de ser responsable de los ‘papeles de Panamá’ por apoyar hace 5 años un acuerdo de libre comercio entre Panamá y Estados Unidos que “ha facilitado a los ricos y a las empresas del mundo eludir el pago de impuestos en sus países”.

La ministra de Transparencia y Anticorrupción de Bolivia, Lenny Valdivia, solicitó detalles de empresas o personas de su país involucradas en evasión fiscal. Pero el consorcio periodístico que investigó los ‘papeles de Panamá’ carece de registros “corroborados” de bolivianos implicados en firmas ‘offshore’. “No han podido ser corroborados todavía (los datos sobre Bolivia) y eso constituye para ellos un impedimento en proporcionar cualquier tipo de información”.