‘Crédito’ parecería ser la palabra que domina la agenda de quienes articulan la política económica brasilera y buscan evitar que 2016 sea tan malo como el año anterior. Si en 2015 el ajuste efectuado por el ministro liberal Joaquim Levy —que duró 10 meses en el cargo— se mordió su propia cola, en 2016 la perspectiva de la política pública tiende hacia un rumbo más desarrollista, con el nuevo ministro de Finanzas, Nelson Barbosa.

Según fuentes oficiales y datos del mercado financiero, Brasil podría tener una caída del PIB cercana al 3,7% en 2015. Por lo pronto, la inflación, el principal indicador que alerta al Partido de los Trabajadores (PT), cerró en 10,67% en 2015. La meta inflacionaria era 6,5% y parece que tampoco será alcanzada en 2016, según el Banco Central. La inflación de 2015, que fue la más alta desde 2002, estuvo acompañada por un ajuste de unos $ 30.000 millones en el presupuesto oficial y una situación de recesión de la economía. En 2014 el avance de precios fue del 6,5%.

El deterioro de la economía está acompañado por una crisis política cuya resolución se trabó debido, por un lado, a la investigación por corrupción en la empresa estatal Petrobrás, que ocasionó prisión por sobornos a ejecutivos de una decena de constructoras; y, por el otro, al intento de la oposición de destituir a Rousseff mediante juicio político.

En el desayuno de comienzos de año con los periodistas acreditados en Planalto (sede del Gobierno), la presidenta Rousseff admitió que la fuerza de la crisis mundial —y la caída de la recaudación fiscal ocasionada por el derrumbe de los productos primarios— no fue advertida a plenitud en 2014, circunstancia que podría explicar mejor lo que sucedió en 2015.

La Presidenta habló del “fin del modelo” otorgó subsidios a empresas industriales pero esto no evitó despidos. Entre 2014 y 2015, la tasa de desempleo aumentó de 6,9% a 8,4%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

Por ese entonces, Rousseff colocó a Levy, un hombre del mercado financiero que hoy es director del Banco Mundial, para hacer un ajuste fiscal y ganar la confianza de los mercados. No obstante, la calificación de riesgo de Brasil no mejoró. Presionada por los movimientos sociales, la mandataria decidió rechazar la política de austeridad de Levy y poner a su ministro de Planificación, Nelson Barbosa —identificado con el desarrollismo y con fama de ‘gastador’ en el mercado financiero pero es bien visto por la centroizquierda—. A diferencia de Levy, que quería dejar de incentivar a la demanda para esperar la inversión, Barbosa apuesta por el crédito público; receta que usó con éxito Lula da Silva en la crisis de 2009.

La Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) defiende el juicio contra Rousseff y apuesta a que asuma las riendas del país el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB). La oposición empresarial choca con la agenda del Gobierno y del PT que apunta a una reforma tributaria que eleve las tasas a los más ricos y alivie a los asalariados y, también intenta recrear un impuesto a las transacciones financiera que pueda garantizar $ 30.000 millones para el sistema público gratuito de salud.

“Queremos imponer una agenda para mejorar el ambiente de negocios y medidas para simplificar la vida de las empresas y de las familias”, dijo el Ministro de Finanzas.

Según este, las instituciones públicas Banco do Brasil (BB) y Caixa Económica Federal (CEF) “tienen liquidez para mejorar el foco del crédito direccionándolo para atender las principales demandas de la economía sin costo adicional para el Gobierno y sin alterar el cuadro fiscal, que es el principal desafío del gobierno”. Para Barbosa, “el problema es de demanda porque recursos habrá disponibles”.

Hasta antes de 2015, el año del ajuste y del juicio político, el crédito público al consumo y a la inversión sustentó a la economía brasilera frente a la crisis mundial. Ese fue el secreto del éxito de Lula. Sin embargo, el mercado financiero expresó antipatías contra Rousseff cuando ella redujo la tasa de interés en 2012 y puso a la banca pública a competir con la privada. Esa batalla se perdió y la tasa de interés referencial pasó de 7% a 14,25%.

El déficit fiscal de 2015 (unos $ 31.000 millones) incitó a los agentes financieros y a sus aliados en la oposición a presionar para que el ajuste fiscal fuese extendido a los planes sociales y a las políticas de empleo aplicadas desde 2003. Esto sucedió a pesar de que una devaluación del 48% del real redujo importaciones y aumentó exportaciones.

“Desde el punto de vista político, 2015 terminó más favorable para el Gobierno. Eso permitirá un superávit comercial y una mejor actividad económica en 2016, aunque tendremos una caída entre 0,5% y 1,5%”, dijo Marcio Pochmann, economista de la Fundación Perseu Abramo. (O)