Educación, salud y protección social son las áreas prioritarias a las que se destinarán los $ 652 millones que ayer ingresaron al país, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Deben emplearse exclusivamente para ejecutar el Plan Anual de Inversiones (PAI).  

Para 2019 el Plan de Inversiones se aprobó con un presupuesto valorado en $ 3.429 millones. Al proyecto Casa para Todos se prevé asignar un total de $ 531 millones a lo largo del año, el mayor rubro.

Destacan, además, nueva infraestructura educativa, incremento de la cobertura de la Misión Mis Mejores Años, ampliación de la Misión Ternura e intervención en casas de salud afectadas por el terremoto.

Las carteras de Estado que percibirán más fondos para inversiones son Educación, con $ 699 millones; Vivienda, $ 546 millones, y Salud, $ 495 millones.

“El apoyo multilateral permitirá financiar las actividades que están relacionadas, en esencia, con la protección social y garantía de derechos con los más vulnerables”, dijo el martes Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, en una entrevista en Teleamazonas.

De los $ 10.279 millones que siete multilaterales entregarán a Ecuador a lo largo de tres años, incluido el FMI, $ 3.700 millones están atados a proyectos de inversión y $ 6.500 millones son de libre disponibilidad.

Se prevé que en los próximos días el equipo económico de Gobierno explique detalladamente cómo se distribuirá el dinero del primer abono, así como el contenido de la Carta de Intención con el Fondo Monetario.

El Acuerdo de Facilidad Extendida (EFF, por su siglas en inglés) que Ecuador logró dentro del marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) tiene dos aristas particulares que lo diferencian de un crédito stand by.  

Está el incremento de la inversión social y la aplicación de políticas que apuntan a disminuir la brecha de género, destacó Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador. “La idea es que las medidas justamente nos permitan cumplir con las obligaciones para los más vulnerables”, comentó.  

Los desembolsos del organismo, explicó Artola, se efectúan a partir de una evaluación trimestral de las tendencias de cumplimiento de las metas planteadas por el propio Gobierno ecuatoriano.

En ese sentido, el Plan de Prosperidad en el que se basa el acuerdo tiene entre sus objetivos reducir el déficit fiscal en 2019 a 3,2% del PIB.

A inicios de abril llegaría al país la primera misión evaluadora del Fondo Monetario. Si las tendencias avanzan según lo planificado el trabajo continúa sin modificaciones, pero si existen novedades se aplican correctivos a tiempo, agregó.

No obstante, aclaró la gerente, la entrega de recursos no se verá afectada, como ocurre en un acuerdo stand by en donde los fondos se suspenden si las metas no se cumplen.

A criterio de Santiago García, docente de la Universidad Central del Ecuador, para cumplir efectivamente con el PAI el primer paso es terminar de cancelar valores pendientes con los proveedores, especialmente con las pequeñas y medianas empresas.

Hasta el 31 de diciembre de 2018 la deuda del Estado con proveedores acumulaba alrededor de $ 800 millones, según registros del Ministerio de Finanzas.

Entre enero y marzo de 2019 la cartera ha cancelado $ 478 millones, aproximadamente. Queda un saldo pendiente de $ 355,5 millones por valores rezagados de 2018 y 2019.

Los últimos pagos efectuados entre el 18 de febrero y el 1 de marzo de este año beneficiaron a más de 7.409 proveedores. El 95% de ellos fueron micro y pequeños empresarios, y miembros de la economía popular y solidaria. (I)