Un informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) revela el jueves 4 de abril de 2019 que la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón ha provocado lucro cesante (dinero que el Estado ecuatoriano pierde), de aproximadamente $ 3.6 millones al mes, sin tomar en cuenta los "perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los contratos, la finalización del proceso de construcción, inicio de operaciones, producción y comercialización de la energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado".

Una de las fuentes de financiamiento de este proyecto, que luego de 26 años no ha concluido, el dinero de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social (IESS).

La investigación supone que Rafael Correa Delgado, en su calidad de Ministro de Economía y Finanzas (2005) habría cometido el delito de "tráfico de influencias"; y como Presidente de la República (2007-2017) habría permitido la "terminación irregular de contratos", ocasionando el "menoscabo de fondos públicos", además de haber tenido supuesta participación en los delitos de "peculado, delincuencia organizada y asociación ilícita". 

El documento del Consejo Transitorio también señala de complicidad a: Jorge Espinel, Gustavo Baroja, Alexis Mera, René Ramírez, Iván Rodríguez, Alecksey Mosquera, Teddy Valdivieso, Fausto Ortiz, Esteban Albornoz, Galo Chiriboga y Ramiro González.

Además, el estudio detectó presuntas irregularidades en las etapas de planificación, precontractual, selección, contractual y ejecución, así como en la contratación con empresas internacionales bajo la modalidad de contratación directa y subdivisión de contratos para una misma obra. 

El Directorio del Banco del IESS aprobó el financiamiento para el proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón, por el valor de hasta $ 250'000.000 millones, de los fondos previsionales "sin sustentos e informes del riesgo de la inversión, ni el esquema financiero para su recuperación, en perjuicio directo a los afiliados", según precisa el informe. 

Entre otras recomendaciones, el CPCCS-T tiene previsto solicitar a la Contraloría General del Estado que revise los exámenes especiales relacionados a la construcción y ejecución integral del proyecto hidroeléctrico, los fideicomisos por parte del Banco del IESS y la recaudación de las cuotas vencidas; así como que la Procuraduría General del Estado revise la legalidad y legitimidad de  la contracción y la consecución de los créditos internacionales. 

Finalmente, el Pleno del Consejo Transitorio requiere a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) una investigación sobre el crecimiento económico de todos los involucrados, incluidos prefectos, que lideraron la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón en los períodos 1993 al 2019. (I)