Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que ordenó a Argentina pagar a los ‘fondos buitre’ la totalidad de los bonos de deuda ‘defaulteada’ en su poder puso al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre la espada y la pared. “Estoy muy preocupada”, graficó la mandataria, el lunes pasado, en cadena nacional.

En concreto, la corte estadounidense avaló un fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa que ordenó a Buenos Aires pagar a estos fondos especulativos bonos de deuda adquiridos a precio vil y que no entraron en ninguno de los dos canjes propuestos por Argentina en 2005 y 2010, para reestructurar su deuda externa caída en default en 2001.

La demanda la inició el ‘fondo buitre’ NML Capital Ltd. que compró en 2008 bonos argentinos por $ 48,7 millones que no habían ingresado al primer canje de deuda que previó ‘quitas’ de hasta el 65% en un proceso de reestructuración comenzado por el expresidente Néstor Kirchner.

Griesa ordenó a Argentina pagar $ 1.330 millones al contado, una ganancia de 1.600% en solo 6 años. “Yo creo que ni el crimen organizado consigue esa tasa de retorno en tan poco tiempo”, dijo la jefa de Estado.

Pero hay más. Si Argentina acepta el fallo y abona ese monto, abriría el grifo a otras demandas. Cerca del 93% de los bonistas aceptó el canje de deuda y recibe periódicamente su dinero. El NML posee solo una pequeña porción del 7% de los bonos restantes que no ingresó a ninguno de los procesos de reestructuración. Por ello, si Buenos Aires acepta el fallo, estaría avalando pagos similares al resto de los acreedores que no aceptó el canje. Se estima en total que en proporción serían unos $ 15.000 millones, más de la mitad de las reservas internacionales del país.

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Pero eso no es todo. Los bonistas que aceptaron el canje con importantes ‘quitas’ tendrían derecho -siguiendo el principio de igualdad ante la ley- de reclamar un trato igualitario. Y estarían en condiciones de recibir unos $ 80.000 millones. El país sudamericano simplemente quebraría.

Cristina Fernández definió esta nueva realidad como una extorsión. “Argentina va a cumplir con su deuda reestructurada, no vamos a ‘defaultear’ nuestra deuda con los bonistas, pero no vamos a aceptar extorsiones. No queremos ser cómplices de aquellos que están dispuestos a hacer negocios sobre la miseria de la gente”, dijo.

La mandataria aclaró la voluntad negociadora de su gobierno. Debe -entonces- jugar una partida de ajedrez muy compleja. ¿Cuáles son las alternativas? La primera será apelar el fallo. Con toda seguridad la corte ratificará la sentencia, pero Argentina al menos ganará tiempo, unos 25 días. De esa manera podrá hacer efectivo el pago de bonos por $ 900 millones en manos de acreedores que entraron al canje y que vencen a fin de mes. Este pago debe efectivizarse en Nueva York. Y de esa manera estarán libres de embargos hasta que la corte se pronuncie nuevamente. Pero deben enfrentarse otros pagos en septiembre y en diciembre.

Otra de las posibilidades es repudiar el fallo y cambiar a futuro la jurisdicción  de pago. Incluso, depositar los pagos en dólares en cuentas en Buenos Aires. Pero esto daría paso a las calificadoras de riesgo a declarar la deuda argentina en un default técnico por cambiar las reglas de juego que se comprometió a cumplir con ambos canjes. Las consecuencias serían duras para el país, dificultando la llegada de inversiones extranjeras, especialmente en el área energética, el punto más débil que enfrenta hoy el Gobierno.

Otra posibilidad es negociar. Lograr que el juez Griesa abra la puerta a una negociación con los ‘fondos buitre’. Pero estos fondos tienen todas las barajas en sus manos. No tienen por qué sentarse a negociar un fallo enteramente favorable a sus intereses especulativos. Además, cualquier acuerdo debería refrendarse en 2015. ¿El motivo? Ese año cae una cláusula del canje de deuda que obliga al país a igualar a los bonistas originales los que se ofrezca a quienes ingresen más tarde al acuerdo. Así se evitarían los juicios de quienes aceptaron reestructurar la deuda.

Argentina realizó en los últimos 10 años un proceso de desendeudamiento que incluyó, además de los dos canjes mencionados con importantes ‘quitas’, el pago al contado de la deuda con el FMI de $ 10 mil millones.

Hace una década la deuda representaba el 166% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Hoy es menos del 50%. Y si bien sigue siendo muy alta en términos absolutos, unos $ 240 mil millones, según la oposición, la mayoría es entre organismos del Estado (interestatal).

La deuda con los privados en moneda extranjera es hoy el 10% del PIB contra el 90% de 2002. Además, el país no pudo recurrir al mercado de capitales para pagar sus vencimientos y debió cumplir sus compromisos con recursos genuinos. Hace 2 semanas cerró su último acuerdo con el Club de París.

El fallo de la justicia estadounidense tiene implicaciones mucho más graves a nivel internacional. Sienta un peligroso precedente a futuro que echa por tierra cualquier posibilidad de reestructuración de deuda de aquellos países que entren en default.

En síntesis, se trata de un fallo a favor de un sistema financiero especulativo que tiene el mundo a sus pies. Lo que avaló la corte norteamericana no es el derecho de  un grupo de ahorristas a cobrar lo que se merece. La justicia estadounidense simplemente avaló la especulación como modelo financiero internacional.