La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió ayer a la ministra de Agricultura, Vanessa Cordero, para que informe sobre la cadena de comercialización de productos como el arroz, el banano, la soya y el maíz que maneja esta cartera de Estado.

Frente a las manifestaciones que impulsaron agricultores del sector arrocero hasta el lunes para solicitar que se mantenga el precio oficial del saco de la gramínea, la Ministra informó que el principal problema es el contrabando.

Afirmó que ha mantenido sesiones de trabajo con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para enfrentarlo.

En efecto, ayer la Tenencia Política de Tarifa, junto a la Jefatura de Samborondón y la Intendencia del Guayas realizaron operativos para verificar los precios de compra del producto. En Santa Lucía y Jujan también se realizaron controles.

Cordero explicó que durante cuatro años el grano ha estado represado en la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP). “No entiendo aún por qué no se ha hecho nada”, dijo.

Sin embargo comunicó que el Ministerio de Agricultura al momento busca la mejor forma para comercializar el arroz “por medio del trabajo con hospitales, cárceles, escuelas y así distribuirlo y sacarlo de las bodegas”.

Frente a estas dificultades del sector del agro, Cordero pidió a los agricultores su participación activa para denunciar, de manera formal, los atropellos que dicen sufrir en las piladoras, pues les estarían pagando entre $ 25 y $ 27 por el saco, cuando el precio oficial es de $ 35,50.

La Ministra indicó que la gestión que puedan hacer los pequeños agricultores para denunciar el contrabando desde los países vecinos es importante pues de esta manera el Ministerio podrá ejercer un mejor control de los precios. A esta lucha también invitó a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, cantonales y parroquiales.

En este espacio exhortó a los asambleístas a sumarse a la Gran Minga Agropecuaria como medio para aumentar las exportaciones de productos agropecuarios, generar empleo y sacar de la extrema pobreza a 200.000 personas del área rural.

Según Cordero, el 52% de las exportaciones de Ecuador corresponde a productos agropecuarios, que representan el 13% del Producto Interno Bruto. Recordó que la población rural de Ecuador bordea los 5 millones de personas, de las cuales cerca de 2 millones viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Hacia este sector está dirigida la minga agropecuaria.

María José Carrión, presidenta de la Comisión, reiteró que los productores agropecuarios reclaman el mejoramiento de los controles de los precios, pues en el caso del arroz, el precio de venta al público se mantiene entre $ 50 y $ 60, mientras que las piladoras pagan $ 25 y $ 27.

La legisladora aseveró que están conscientes de la complejidad del sector agrícola, pero considera que el control fronterizo es solo una parte de la solución al problema.

Al finalizar la sesión, la asambleísta Karla Bajaña se mostró insatisfecha y dijo que la Ministra no habría explicado completamente las acciones emprendidas para dar solución a la comercialización del producto. (I)