Por Ana María Larrea
Antropóloga y magister en
Desarrollo local

La nueva Carta Magna ubica el debate regional, la descentralización y la plurinacionalidad en el horizonte del tipo de sociedad, democracia y Estado que se aspira a construir, y genera cambios sustanciales en el modo de desarrollo al estructurarlo alrededor del Buen Vivir y pasar de una economía social de mercado a un sistema económico social y solidario. Rompe de esta manera el mercadocentrismo característico de la economía neoliberal, aunque no llega a superar la dinámica capitalista.

En este sentido la nueva Constitución es posneoliberal, pero no poscapitalista. Sin embargo, abre condiciones de posibilidades para un profundo proceso de transformación social que, dependiendo de las futuras correlaciones de fuerzas, podría abrir nuevos horizontes. Plantea entonces un nuevo sistema económico, se amplían y profundizan los
derechos desde una perspectiva de universalización y se fortalece la participación en todos los ámbitos de la vida colectiva.

Al reconocer derechos a la naturaleza empieza a esbozarse un esquema hacia la construcción de una economía pospetrolera, menos extractivista.

El Estado es imaginado desde la diversidad paralelamente con la construcción de aquel núcleo común que nos identifica y construye sentidos, expresando siempre las tensiones entre un polo establecido, estático y definido, y otro polo demandado y requerido, dinámico y no establecido, indefinido e inconcluso. Esta tensión marca y establece las formas de responder y actuar con una sociedad dinámica, cambiante y en movimiento.

A través del reconocimiento del carácter plurinacional del Estado ecuatoriano, por primera vez se articulan las propuestas descentralizadoras con un programa descolonizador, articulando la lucha por alcanzar la igualdad en un horizonte político que tiene a la diversidad y al reconocimiento de las diferencias como uno de sus ejes y apuesta por el desmantelamiento de las relaciones de dominación étnica. Al estar siempre presente el fantasma de la secesión
y la fragmentación, se apuesta por la plurinacionalidad con el fin de profundizar la cohesión social. Unidad nacional, sin estandarización cultural. Unidad en la diversidad, con el reconocimiento de las diferencias.

Las posibilidades reales de construcción de un país verdaderamente plurinacional dependen, en gran medida, de las características que los pueblos y las nacionalidades del país vayan imprimiendo a sus procesos territoriales. En este sentido, será fundamental la revitalización de las comunas y el resurgimiento potente de los gobiernos comunitarios, desde una perspectiva de construcción de poder social y comunitario que pueda ser capaz de plantear otras formas de organización del mundo, más solidarias y sostenibles.

La construcción del Estado plurinacional recién inicia y será sin duda un proceso gradual en que la propia sociedad pueda ir reconociéndose y transformándose en su diversidad, de modo que las relaciones interculturales puedan ser efectivamente simétricas y no estén atravesadas por relaciones de poder, dominación y estigmatización del otro cultural.

Superar las disparidades territoriales es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos fundamentales dentro de la agenda para la igualdad en el país y supone el impulso a políticas territoriales específicas que permitan un crecimiento más armónico de los territorios y enfrenten el tradicional bipolarismo que ha generado procesos desequilibrados de crecimiento y profundas desigualdades.

El diseño de una estrategia territorial nacional es un punto de partida para la generación de equidad territorial, pues el desarrollo local requiere de políticas nacionales que lo impulsen.

Sin embargo, este es un campo abierto de trabajo en el que aún queda mucho por avanzar desde la política
pública. Uno de los aspectos fundamentales en los que se debe trabajar es la territorialización del presupuesto público y la planificación con perspectiva territorial en todas las carteras de Estado, así como la articulación de políticas, programas y presupuestos entre los distintos niveles de gobierno, en función de agendas y metas territoriales compartidas.

Para llevar adelante un programa tan ambicioso es fundamental profundizar el proceso de descentralización, que permita activar una dinámica de cambios económicos, sociales y políticos en el país, desde una perspectiva solidaria e incluyente, que genere nuevas relaciones económicas y una verdadera redistribución del poder, desde las bases de la propia sociedad.

El nuevo marco constitucional, la reciente aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, y de la Ley de Participación abren enormes posibilidades para llevar adelante un proceso serio de descentralización y participación hacia la superación de las asimetrías territoriales, que deberá sustentarse en la generación de capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados y el fortalecimiento de su autonomía
decisional.

La creación de niveles intermedios de gobierno, -siempre y cuando las regiones que se creen logren equipotencia-, podrá contribuir a las metas de equidad territorial.

Sin embargo, este proceso aún es incierto. Se han llevado adelante algunas iniciativas por parte de varias prefecturas
provinciales para la generación de mancomunidades que, en el futuro, podrán desembocar en nuevas regiones. Sin embargo, la generación de acuerdos para la conformación de regiones aún presenta serias dificultades y existe el riesgo de que las nuevas regiones dejen de lado a provincias rezagadas económicamente.

En las propuestas que actualmente se están gestando, de hecho, varias provincias fronterizas no han sido tomadas en cuenta, ni se han sumado al proceso. Uno de los principales desafíos en pos de alcanzar un desarrollo territorial equilibrado es encarar seriamente el tema del desarrollo económico regional. Lamentablemente, la nueva Constitución no establece claras competencias en este sentido para los gobiernos regionales, y puede ser un límite para la consolidación de verdaderos gobiernos intermedios.

Otro problema para la consolidación de los futuros gobiernos regionales tiene que ver con la superposición de funciones entre gobiernos regionales y provinciales. Es un proceso que sin duda deberá ir encontrando sus vías de resolución en el ejercicio de los nuevos gobiernos intermedios y de manera progresiva.