La proforma presupuestaria 2019 contempla un nuevo rubro de ingresos que no constaba en la correspondiente a este año. Son $ 1.000,12 millones que entrarían al fisco por concesiones.

Desde septiembre, el Gobierno trabaja con un equipo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un proceso de monetización de los activos del Estado.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, informó que el organismo internacional ha determinado que $ 7.000 millones podría recibir el Ecuador por estas  operaciones en el campo vial, inmobiliario, energético, entre otros.

Aunque el BID estimó que en 2019 las concesiones significarían $ 3.000 millones, la cartera de Finanzas prefiere mantenerse cauta y contar con una cifra menor para el próximo año.

Para concretar este proceso, se creará una unidad de apoyo dentro del ministerio con expertos internacionales que diseñarán un catálogo con las especificaciones económicas y legales para luego presentarlo a posibles inversionistas, explicó Martínez.

Se estudia el nivel de transparencia, competitividad y salarios en cada empresa pública. El análisis no es sencillo ya que hay instituciones que no cuentan con sus balances auditados.

Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, agregó que se busca que la inversión privada se sume a lo público para mantener su infraestructura e incrementar su producción.

Transparencia y objetivos claros darán credibilidad a estas concesiones y a la proforma, considera Santiago García, catedrático de la facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, quien observa viables los ingresos por $ 1.000 millones.

Espera que no ocurra como en años anteriores cuando no se conocían los procesos y que muchas, como la hidroeléctrica Sopladora, no llegaron a concretarse.

Finanzas no detalló las empresas a consecionar. Sin embargo, en una entrevista en Radio Democracia del 24 de octubre, el consejero del presidente Lenín Moreno, Santiago Cuesta, anunció que estas empresas serían CNT, Seguros Sucre, la Empresa Eléctrica y la planta de gas Monteverde “que traerán ingresos entre $ 25.000 y $ 30.000 millones”.

En abril de este año el Gobierno ya anunció un programa de optimización de 22 empresas públicas (ver infografía) con lo que se espera un ahorro de $ 350 millones anuales hasta 2021.

Según el Observatorio del Gasto Público, estas compañías reportaron en 2017 pérdidas por $ 86,17 millones cuando tuvieron $ 474,98 millones en transferencias del sector público.

Adicionalmente se trabaja en la optimización al interior de las empresas públicas con medidas como la homologación salarial entre estas y las otras entidades del Estado.

Martínez dijo que el proceso busca mayor equidad en el sector público pues en promedio el salario en una empresa pública es 40% mayor al del resto de instituciones. 

Se tomará en cuenta el tipo de actividad ya que el sector petrolero, por ejemplo, requiere capturar talentos con salarios competitivos para evitar la migración a lo privado, señaló.

Esta semana, una delegación del BID dará a conocer los resultados de una comparación entre los parámetros ecuatorianos para la contratación en empresas públicas y aquellos implementados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo al que Ecuador aspira a ingresar.

El economista Eduardo Valencia considera que a nivel de empresas públicas hay un mayor margen de recorte, sobre todo en los cargos más altos de las mismas. No obstante, en general, reconoce los “intentos” de disminuir el déficit y gasto corriente.

La proforma presupuestaria fue enviada el 31 de octubre a la Asamblea Nacional con un cálculo de $ 31.318 millones para el próximo año. (I)