¿Cómo financiamos el desarrollo sostenible?

Por Alicia Bárcena. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La III Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, del 13 al 16 de julio en Addis Abeba, brinda una oportunidad única para superar los desafíos de los países de renta media, procurar un financiamiento eficaz en todos los niveles de ingreso y cumplir con las metas de la agenda post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se presentarán en septiembre en la ONU.

Para este fin, la arquitectura del financiamiento para el desarrollo deberá movilizar una gran cantidad de recursos y cambiar la manera como se obtienen, organizan y se asignan.

La movilización interna de recursos se ubica en el centro del financiamiento de la agenda post 2015. Pero enfrenta obstáculos domésticos e internacionales.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe han hecho esfuerzos por aumentar la recaudación fiscal que se han visto restringidos por la evasión y la elusión fiscal.

Según estimaciones oficiales, las tasas de evasión del impuesto sobre el valor agregado (IVA) en América Latina van de 17,8% a 37% de la recaudación total, cifras mucho más altas que las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyas tasas de evasión oscilan entre 3% y 22%.

Las tasas de evasión de los impuestos sobre la renta de las personas y las empresas son todavía más elevadas, sobrepasando en algunos casos 40% de los ingresos.

Los gobiernos de la región enfrentan también nuevos retos en el ámbito internacional, como la necesidad de combatir los flujos ilícitos que, según Global Financial Integrity (2014), sobrepasan los 150.000 millones de dólares, lo que representa más de diez veces la ayuda oficial al desarrollo, AOD (10.000 millones de dólares en 2013) y se asemeja a lo que la región recibe por inversión extranjera directa (158 mil millones de dólares en 2014).

Para promover la movilización de recursos internos se precisa la ‘multilateralización’ de la cooperación internacional en materia de políticas fiscales, hasta lograr la creación de grandes acuerdos tributarios y reglas fiscales a nivel mundial. Esto, complementado con un activo rol de la banca de desarrollo.

A estos retos se suman los planteados por la deuda soberana y la necesidad de su reestructuración. Debido, en gran medida, a su vulnerabilidad estructural frente a los desastres naturales, los pequeños Estados insulares del Caribe constituyen una de las regiones más endeudadas del mundo: en 2014 su deuda pública total alcanzó un promedio cercano al 80% del PIB.

Por esta razón, estoy llamando a explorar vías que conduzcan a la condonación de parte de la deuda externa de esos países.

Un reto clave consiste en encontrar la forma de canalizar esos recursos hacia los objetivos de desarrollo, teniendo en cuenta que el capital privado está motivado por el beneficio económico.

Pero las estrategias nacionales de movilización de los recursos internos y externos por sí solas son insuficientes.

Por eso urge abordar las asimetrías de los mecanismos de gobernanza de la arquitectura financiera internacional y permitir que los países en desarrollo y de renta media aprovechen los beneficios de la transferencia de tecnología y de la adquisición de conocimientos. (O)