Comisión analiza cambios a proyecto de Ley de Pacto Ético

Los miembros de la Comisión de Justicia prevén que la Asamblea apruebe el proyecto de ‘Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017’ (pacto ético), antes de terminar  funciones el próximo 24 de mayo.

Ayer, al interior de la Mesa se analizó la pertinencia de algunas de las observaciones recogidas durante  días previos por parte de diversas autoridades.

“Hay que hacer varias reformas, aclarar qué son los paraísos fiscales, definir prohibiciones”, señaló el presidente de la Comisión, Mauro Andino, quien apoya la propuesta de incluir a los parlamentarios andinos como sujetos de control.

A ello, Mariangel Muñoz sugirió  también incorporar a asambleístas, y definir si los servidores públicos con bienes o capitales en paraísos fiscales deben repatriarlos a Ecuador o pueden transferirlos a otros territorios.

Las inquietudes surgen porque  el proyecto enviado por la Función Ejecutiva no ahonda en detalles sobre los elementos mencionados por los dos asambleístas.

La normativa prohíbe a las autoridades de elección popular, en funciones o por posesionarse, quienes presten servicios al sector público, y a las personas que ingresen a trabajar para el Estado a partir del 6 de marzo de 2018, poseer bienes o capitales en paraísos fiscales.

De aprobarse la ley, los servidores públicos deberán terminar esa relación hasta el 6 de marzo de 2018, caso contrario se podría disponer la destitución del cargo.

Para Marisol Peñafiel, es necesario otorgar a la Contraloría la atribución de auditoría forense para que pueda verificar los movimientos financieros de los funcionarios.

Planteó que el Servicio de Rentas Internas (SRI) determine por ley los parámetros para definir qué es un paraíso fiscal. En ese sentido, agregó que cuando la entidad tributaria incluya a un nuevo país en el listado de paraísos fiscales los servidores públicos con bienes o capitales en ellos también puedan terminar sus nexos en un año. (I)