Luego de conocer que Inmobiliaria Terrabienes S.A., propiedad del Grupo Ortega Trujillo, está intervenida por la Superintendencia de Compañías y Valores (SC), aumentó la preocupación de alrededor de 1.200 personas que supuestamente han sido perjudicadas por la empresa.

La SC solicitó el 9 de febrero a un juez constitucional que emita medidas cautelares contra los principales accionistas y administradores del Grupo Ortega, por incumplir 2 pagos por aproximadamente $700.000 en el mercado bursátil y por no entregar las cientos de viviendas de proyectos inmobiliarios de Terrabienes.

El juez acogió el pedido y dictó medidas cautelares para 30 personas naturales, miembros de la familia Ortega Trujillo y 82 personas jurídicas.

De acuerdo con la resolución de la  Unidad Judicial Civil de Guayaquil, Terrabienes no solo mantiene impagas las obligaciones contraídas en el mercado bursátil por alrededor de  $10 millones, sino que además, dentro del giro de su negocio (construcción, promoción y venta de planes habitacionales a gran escala), “se mantiene con un incumplimiento sostenido y recurrente en cuanto a entregar las casas a miles de personas que ya pagaron en su totalidad por ellas, y sin embargo no han obtenido hasta la presente fecha ni la devolución del dinero, ni mucho menos el inmueble en sí”.   

En el texto del proceso que lleva adelante la Unidad Judicial Civil se menciona que mediante comunicación ingresada el 28 de enero de 2015, el doctor Jorge Ortega Trujillo, representante legal de Terrabienes, informó que “…Por medio de la presente cúmplenos informarle que por limitaciones de liquidez provocadas por situaciones endógenas y exógenas de nuestra empresa, no estaremos en capacidad de cumplir con los pagos de los vencimientos de las obligaciones emitidas en años anteriores y que son exigibles a la presente fecha”.

La resolución menciona que resulta indiscutible la violación al derecho de propiedad que ha acaecido en virtud de la conducta de los representantes de la compañía en cuestión, “puesto que no solo se apropiaron de millonarias sumas de dinero y no han podido cumplir con su devolución, sino que pretenden desatenderse del asunto justificándose en situaciones endógenas y exógenas que en nada dilucidan la forma en que, los ingentes recursos captados, serán devueltos”.

Después de hacer una revisión a la resolución de la Unidad Judicial, la Superintendencia solicitó el 13 de febrero el levantamiento de todas las medidas cautelares dispuestas en contra de 14 personas naturales.

Además solicitó cancelar la retención de fondos, dineros, depósitos, inversiones y valores que mantengan a su favor 16 compañías en cualquiera de las instituciones financieras sujetas a vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). Una de estas compañías es Inmobiliar.     

“Después de hacer una revisión hemos levantado las medidas solo a quienes no tendrían vinculación con los negocios que están en revisión. Pero siguen las medidas contra los representantes legales y compañías que tienen que responder”, asegura la superintendenta de Compañías, Suad Manssur, quien recalcó que se levantaron las medidas a algunas compañías que se necesita que sigan operando para que paguen las deudas o continúen con las obras.    

Preocupación en clientes

Karina Tamayo, quien compró a Terrabienes una vivienda en la ciudadela Ceibos del Río, firmó un contrato de mandato en septiembre de 2011, en el cual la inmobiliaria se comprometió a entregarle la casa en enero de 2015.

“Según un documento que nos entregó el Municipio con fecha 7 de agosto de 2014 y firmado por José Núñez, director de Urbanismo, Avalúos y Registro, la II etapa (Ceibos del Río) y III etapa (Veranda del Río), hasta esa fecha los promotores no han solicitado autorización alguna para hacer las obras urbanísticas o de edificaciones. Y a mí la casa me la vendieron en 2011”, resalta Tamayo.

La perjudicada, quien firmó un contrato por una casa valorada en $61.750 y canceló  el 30% del costo de la vivienda a Terrabienes ($61.750) pidió a las autoridades que tomaran medidas frente a la inmobiliaria, la cual lo único que hace es derivarlos al estudio jurídico CastelBlanco & Asociados, el cual tampoco les da una solución concreta.

Similar criterio tuvo Yadira Cifuentes, quien agrega que firmaron un finiquito de contrato el 6 de octubre de 2014 con el gerente de Terrabienes, Jorge Ortega, quien se comprometió a devolverles el dinero y aún no les da nada.  “Estamos preocupados porque hemos perdido tiempo y dinero”, expresa Cifuentes.

“Eso es grave y responsabilidad del Municipio porque no debieron permitir que vendan sin permiso. Lo dice claramente el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Hay que revisar si es verdad que han comercializado las viviendas sin tener los respectivos permisos de construcción”, dice la superintendenta Manssur.

De su parte, Jorge Ortega, presidente ejecutivo de Terrabienes, manifestó que “el anteproyecto del desarrollo de Arcos del Río en todas sus etapas está aprobado. Oasis y Olivos del Río tienen permiso de construcción y tienen un avance del 90% aproximado, las etapas Veranda del Río y Ceibos están siendo urbanizadas y en la actualidad  la etapa de  relleno está casi concluida”.