Además de los impuestos directos e indirectos (a la renta y al valor agregado), en el país hay los tributos reguladores, que tienen el objetivo de desestimular consumos específicos que generan efectos negativos en la salud o en el medio ambiente.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), los tributos reguladores son el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), el Impuesto a la Contaminación Vehicular (IACV), el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas (IRBP), el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y el que se impone a las tierras rurales.

“La finalidad es cambiar hábitos perjudiciales para la salud al gravar algunos consumos considerados de lujo con fines redistributivos, incluso, apoyando al logro de objetivos de política económica de los gobiernos.

Estos impuestos contribuyen a vivir en un ambiente sano y al cumplimiento de políticas públicas de desarrollo y bienestar”, señala la institución.

Los impuestos reguladores se suscriben al mandato constitucional del buen vivir.

Para la administración tributaria el ICE tiene 2 finalidades: “gravar el consumo de bienes que afectan la salud, como los cigarrillos, el alcohol, las bebidas gaseosas, la cerveza y gravar el consumo de bienes suntuarios con fines redistributivos, como los vehículos de lujo, yates, aeronaves, membresías en clubes sociales y otros gravámenes con fines ambientales, como el aplicado a los focos incandescentes, para incentivar no solo el ahorro de energía, sino el uso de recursos naturales”.

Ecuador fue pionero en América Latina en la creación de impuestos ambientales. Se creó el tributo ambiental a la contaminación vehicular y  el redimible a las botellas plásticas.

Los 2 impuestos se proponen incentivar el cambio del parque automotor del país hacia vehículos menos contaminantes y reducir la cantidad de botellas de PET en el medio ambiente. Con relación a este último impuesto, existía, además, un interés de política social para mejorar las condiciones de vida de un grupo vulnerable, como los recicladores de basura o “minadores”.

El tributo a las botellas plásticas es aprovechado por más de 1.600 recicladores, entre personas naturales, escuelas, colegios, etc., que se benefician directamente de la devolución de este impuesto que favorece indirectamente a más de 18.400 personas.

En relación a la política económica, el ISD, creado en 2007, es con la finalidad de apoyar objetivos macroeconómicos relacionados a evitar un posible desequilibrio en los ingresos de recursos externos (por exportaciones de productos ecuatorianos) y salidas hacia el resto del mundo (importaciones del país, pagos al exterior, depósitos en bancos extranjeros, entre otros).

Según el SRI, este desequilibrio “es más complicado cuando la fuente de recursos es una economía dolarizada como la ecuatoriana que no puede crear su propia moneda y que requiere ese ingreso en su sistema económico”.

Finalmente, el impuesto a las tierras rurales tiene también 2 propósitos claros: “fomentar el uso productivo de las tierras y contribuir a la redistribución de la riqueza, gravando la posesión de grandes extensiones de tierra”.