La República Popular China y los organismos multilaterales son los principales financistas de Ecuador con el 62,7% del total de la deuda pública externa, que en febrero se ubicó en $ 26.499,50 millones, de acuerdo al Ministerio de Finanzas.

Las obligaciones con ese país ascienden a $ 8.322,1 millones, mientras que con organismos internacionales (BID, CAF, FMI, entre otros) suman $ 8.287,5 millones.

Analistas de oposición cuestionan que la deuda con la nación oriental haya crecido en exceso en la última década. Incluso hay quienes aseguran que Ecuador “está hipotecado a China”.

El ministro de la Política Económica, Diego Martínez, rechazó esas declaraciones y explicó que los compromisos con el gigante asiático son “un tercio” de la deuda externa,  no la mayor parte del endeudamiento. Según Finanzas, China abarca el 31,4% de la deuda pública.

A esa cifra se le deberá agregar un nuevo crédito por $ 1.000 millones que el Gobierno está negociando actualmente, monto que ingresaría a la caja fiscal después del 24 de mayo y se emplearía para tareas de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto, dijo días atrás el presidente Rafael Correa.

Al respecto, Martínez recordó que el presidente chino Xi Jinping, durante su visita a Ecuador en noviembre de 2016, ofreció un crédito concesional a 20 años plazo con tasas de entre 2 y 3%. “Es muy conveniente para el perfil de endeudamiento que tiene el país”, señaló, al tiempo de reiterar que esos recursos atenderán necesidades causadas por el terremoto.

En junio de 2016, la Senplades calculó $ 3.344 millones para la reconstrucción. Pero Martínez advirtió que la cifra original “probablemente ha subido algo” debido a las múltiples réplicas del terremoto.

Lo recaudado hasta el momento por la Ley de Solidaridad ($ 1.300 millones aproximadamente), más los créditos conseguidos con organismos multilaterales (unos $ 600 millones), no cubren todas las necesidades, según el Ministro.

“Un análisis simple de suma y resta nos demuestra que no es un error de cálculo, sino que todavía se requieren recursos adicionales”, afirmó. Se refiere a que el objetivo de la Ley de Solidaridad -que estableció contribuciones especiales y elevación temporal del IVA en 2 puntos- fue contar con fondos inmediatos durante un año, a fin de ejecutar la mayor parte de la reconstrucción.

Sin embargo, Martínez aclaró que aún existe infraestructura que debe ser atendida. “La pública, en su mayor parte, ya va a estar terminada con los recursos de la Ley de Solidaridad, pero hay un conjunto de infraestructuras privadas que también necesitan apoyo”, explicó.

El actual gobierno prevé dejar las negociaciones con China “lo más avanzadas posible”, antes de terminar su mandato. (I)