El ingreso de manifestantes al Centro Histórico, con la intención de acceder a la Plaza Grande, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, hasta el momento deja daños materiales en edificios patrimoniales y pérdidas económicas a los negocios que funcionan en la zona.

En un balance preliminar el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) informó que tomará por lo menos 60 días el arreglo de las edificaciones afectadas y 30 más para reponer el sistema de iluminación ornamental, lo que costará  unos $ 300.000.

Desde el pasado jueves, las protestas por las medidas económicas anunciadas por el Gobierno llevaron el foco del reclamo al casco colonial.

Las protestas se intensificaron la tarde y noche del lunes cuando la marcha de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador llegó a Quito y un grupo intentó entrar a la Plaza Grande.

El rezago de las manifestaciones dejó el ambiente con un aroma picante que hacía estornudar por los restos del gas lacrimógeno lanzado la víspera.

Desde la calle Guayaquil, que ingresa al Centro Histórico, los negocios permanecían cerrados. La intensificación de las protestas motivó a los comerciantes a mantener cerrados sus locales.

A pesar del peligro, Luis López fue uno de los pocos que se atrevió a abrir su cafetería. “No puedo seguir perdiendo, estos días han sido flojos y tengo que pagar empleados y arriendo”, comentó, mientras servía a una persona la empanada de verde que compró.

El propietario aseveró que en su caso las pérdidas ascienden a $ 500. “Las marchas no permiten trabajar porque están violentas, es mejor cerrar y no arriesgarse; ahorita abro, pues aprovecho para atender a los policías que querían desayunar”.

López sabía que no podría trabajar todo el día y optó por cerrar el local antes de las 12:00. Lo mismo opinó Víctor Parreño, quien vende los helados tradicionales a 50 centavos. “Hay muchas personas que están caminando por aquí, pero mejor no me arriesgo; espero que esto no dure mucho, las cuentas se me acumulan”, dijo el hombre que tiene siete años en ese negocio.

Uno de los edificios afectados fue el que alberga el destacamento de policía Manuela Sáenz, en la Montúfar y Manabí, que fue atacado con bombas molotov y piedras que destrozaron alrededor de 10 ventanales.

Ante la grave situación el alcalde de Quito, Jorge Yunda, declaró a la ciudad en emergencia, mientras se analizan la pérdidas económicas y materiales causadas por las manifestaciones. También tuvo que suspender el servicio de transporte municipal (Ecovía, Trolebús y Metrovía), ante el peligro de que las unidades fueran el blanco de ataques.

El Instituto de Patrimonio ha cuantificado alrededor de 23.000 metros cuadrados de fachadas que fueron pintadas con grafitis, 100 metros cuadrados de aceras destruidas y aproximadamente 10 calles vandalizadas, incluyendo daños en rejas e iluminarías.

Además, se afectaron las paradas del sistema Metropolitano de transporte trolebús, corredor de la Marín, paradas de San Blas, Banco Central, Plaza del Teatro y Cumaná.   

Adicionalmente, también se destruyeron contenedores de basura, mientras que el servicio fue intermitente por los focos de violencia en la ciudad.

Raúl Codena, director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, manifestó que cuadrillas de técnicos especializados realizarán una nueva inspección, luego de que  se normalicen las actividades.

Por lo pronto se tiene previsto que la rehabilitación se inicie por el sector de La Marín, siga por la calle Guayaquil y por los sitios que presentan más afectaciones en el casco colonial. (I)