Cecilia Castro fue nombrada interventora de la cooperativa Makita Kuk
La Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) nombró a Cecilia Castro como interventora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Makita Kuk, de la ciudad de Guayaquil.
Castro tiene experiencia en la liquidación de cooperativas y fue calificada como tal por la Dirección.
El fiscal del caso, Pedro Chango, reiteró que se está haciendo una investigación del caso, recolectando información de la Policía Judicial y del MIES. Este miércoles se cumplía una reunión al respecto.
La intención es ubicar a los responsables para que cumplan con la devolución de los dineros.
En una visita formal realizada por técnicos se comprobó que los directivos abandonaron las instalaciones de la entidad y no se responsabilizaron por sus bienes, ni por sus 526 socios.
Además de la designación de Castro, también se solicitaron medidas cautelares, entre ellas la prohibición de la salida del país de sus directivos: María Mullo Cava (presidenta), Julián Guapi Mazacela (presidente Consejo de Vigilancia), Lorenzo Chirau Lema (gerente), y María Mullo Yantalema (secretaria).
Asimismo se solicitó la custodia de los bienes por parte de la Policía Judicial, con el fin de precautelar los intereses de los socios. La solicitud fue aceptada por el fiscal Pedro Chango.
La Dirección Nacional de Cooperativas informó que la entidad presentó balances y documentos regulares. Sin embargo, ha concedido créditos que superan su capacidad de respaldo, por ello, cuando los socios concurrieron a retirar sus depósitos, la cooperativa no tuvo los fondos necesarios para realizar los pagos.
Estos hechos ocurren a pesar de los controles periódicos que realiza la Dirección Nacional de Cooperativas del MIES, que está en funciones prorrogadas hasta que asuma esta tarea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
La nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en su artículo 112 establece la creación del Fondo de Liquidez, y en el Art. 116 se determina la creación de un Fondo de Seguro de Depósitos, medidas que serán aplicadas por la nueva institucionalidad competente para regular y controlar al sector de la economía popular y solidaria.
