Uno de los principales retos que enfrenta el Gobierno en materia económica es reducir el déficit fiscal. Inicialmente se calculó que este año llegaría al -3,9% frente al PIB,  pero ahora las estimaciones de analistas apuntan a que superaría el -7%.

El pasado 31 de mayo el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo ante la Asamblea Nacional que “si no se hace nada” el déficit llegaría a -7,7%.

No obstante, con las acciones que propone la Ley de Fomento Productivo más otras medidas el déficit fiscal alcanzaría un -5,3%. 

El déficit fiscal se produce cuando los egresos de un Gobierno superan los ingresos. En términos sencillos, surge cuando se gastan más recursos de los que se perciben.

La brecha se cubre con financiamiento (deuda).

El resultado global en 2007 fue -0,3%. Su nivel más bajo se presentó en 2014 con -6,3%. Para  2017 se proyectó -4,7%, pero al finalizar el año registró -6,1%, según el Ministerio de Finanzas.

Para aligerar la carga está en marcha un plan de austeridad en el sector público. La meta es reducir el gasto en, al menos, $ 1.000 millones por año, lo cual tendrá repercusiones en el crecimiento económico.

Los niveles actuales preocupan porque se requiere de mayor endeudamiento. 

El presupuesto fiscal para 2018 fue aprobado con un financiamiento público de $ 8.253 millones, pero ahora las necesidades se ubican en alrededor de $ 11.000 millones.

¿Cómo llegó Ecuador a estas circunstancias? Tres economistas analizaron factores que influyeron en el aumento del déficit fiscal a lo largo de la última década.

Elevado gasto público, obras sin planificación adecuada y con sobreprecio, opacidad en las cuentas fiscales, endeudamiento desmedido, y desplazamiento del sector privado son algunas de las características señaladas por David Castellanos, de la firma Multienlace; Francisco Briones, de Inteligencia Estratégica; y Marcos López, exmiembro del directorio del Banco Central del Ecuador.

Inversión pública desordenada
La década pasada destacó, entre otras cosas, por el boom petrolero. En su mejor  momento, Ecuador llegó a vender a más de $ 100 el barril, pero ante la caída de los precios internacionales el crudo nacional tocó fondo con menos de $ 20.

Los ingentes ingresos petroleros dotaron al anterior gobierno de importantes recursos que, a decir de los analistas, no fueron correctamente administrados.

La inversión pública cobró impulso apalancada en la fluctuación del crudo sin que se tomaran previsiones para generar un ahorro que pudiera alivianar crisis futuras.

El Plan Anual de Inversiones en 2008 tuvo $ 2.000 millones. Cinco años más tarde, en 2013, abarcó $ 8.104 millones (el más alto).  En adelante las asignaciones descendieron hasta llegar a $ 4.706 millones en 2017, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

El primer error del gobierno anterior, explicó Castellanos, fue basar su política económica en que los precios de los commodities (materias primas) se mantendrían altos  y, por tanto, el flujo de ingresos sería regular.

Nadie puede predecir  con exactitud cómo cotizará el petróleo, agregó, pero lo cierto es que así como llega a picos elevados también puede caer de forma precipitada, tal como ocurrió a partir de 2015.

“Cuando un Estado tiene la idea de que el ingreso no permanente va a mantenerse en el tiempo busca ir acomodando los gastos en el mismo sentido, y esa es una de las principales razones por las cuales el déficit comenzó a ir creciendo”, apuntó.

No se sataniza la inversión pública sino la falta de planificación y coherencia con el desenvolvimiento de la economía, acotó Briones.

La hidroeléctrica Toachi-Pilatón tiene un avance del 85%. La Contraloría General del Estado realiza un examen especial a las 8 centrales. Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO. 

Ejemplo de ello son las ocho hidroeléctricas, de la cuales en la actualidad tres funcionan, tres presentan avances por más del 85% y dos están abandonadas.

La central Delsitanigua, por mencionar un caso, registra un avance del 95%.

Su presupuesto inicial, de $ 195 millones, se incrementó a $ 258 millones por contratos complementarios.

Coca Codo Sinclair, la más importante de todas, opera  desde 2016 y en la actualidad  el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables ha identificado más de 4.000 fisuras y microfisuras al interior de sus instalaciones.

“La demanda energética de Ecuador anualmente es el 50% de la capacidad instalada. La otra mitad está parada porque no existe demanda”, dijo Briones y remarcó que la infraestructura se vuelve útil y rentable en la medida en que se utiliza.

Se generó un uso ineficiente de recursos, pues esos proyectos se construyeron con  dinero obtenido a través de deuda pública, en su mayoría contratada con China.

Otros ejemplos son la Refinería del Pacífico (hoy renombrada Refinería de Manabí), en la cual se desembolsaron alrededor de $ 1.500 millones, pero hasta el momento solo existe un terreno aplanado. O la Refinería de Esmeraldas, cuya de repotenciación duplicó su monto de inversión a $ 2.200 millones sin que los problemas fueran solucionados por completo.

El aeropuerto Jumandy,  en el cantón Tena (Napo), fue inaugurado en 2011 con una inversión de $ 48 millones y apenas cuatro años después (2015) dejó de operar.

En esa línea, la aerolínea estatal Tame sufrió pérdidas de $ 200 millones durante la década pasada, de acuerdo a declaraciones del presidente Lenín Moreno, el 13 de junio de 2018.

Yachay, la ciudad del conocimiento, en donde se pensaba erigir un cluster con un concepto similar a Silicon Valley (EE.UU.), tampoco se concretó.

Para esa obra se calculó una inversión, priorizada por Senplades, de $ 1.041 millones. Entre 2012 y 2017 se ejecutaron $ 347 millones, de los cuales $ 110 millones corresponden a un crédito chino.

A criterio de Marcos López, obras como las enunciadas reflejan que se hicieron en función de un resultado electoral y no de mayor producción nacional.

“¿Cómo es posible que no tengamos una autopista Guayaquil-Quito?, ¿cómo es posible que no tengamos una autopista Guayaquil-Machala, que es por donde se mueve toda la producción camaronera y bananera del país?”, subrayó López.

Abultado tamaño del Estado
La ejecución de obra pública demandó un mayor tamaño del aparato estatal. Según los analistas, el crecimiento fue desproporcionado y desembocó en un “insostenible” consumo del gobierno.

Entre 2000 y 2006 el gasto del sector público con relación al Producto Interno Bruto tuvo un promedio anual del 21%, mientras que de 2007 a 2017 fue del 38,6%. Dentro de ese rubro el gasto corriente se ha mantenido por encima del 64%.

El balance fiscal evolucionó negativamente a partir de 2009 cuando el resultado consolidado del sector público se ubicó en $ -2.232 millones. El año más crítico fue 2016 ($ -7.314 millones).

“Todo esto obedece a una visión en la cual el sector público tenía que hacerse cargo al 100% de la economía e infraestructura del país. Esto ocasionó que se margine al sector privado y no se lo incluya”, explicó Briones.

Castellanos agregó que el gobierno también incursionó en actividades que no le eran propias y no obtuvo resultados positivos. 

Los casos de Enfarma y el lanzamiento del satélite Pegaso son muestras de aquello.

Cuando el país gozaba de la bonanza petrolera el gobierno  debió empezar a reducir el gasto de forma ordenada, así se evitarían ajustes severos en el futuro, coincidieron los economistas. 

Pero no se lo hizo, por el contrario, mantuvo su nivel de gasto, manifestó López.

A todo eso se suma, dijeron los tres, que no se crearon fondos de ahorro y la recaudación de impuestos se desaceleró debido a las múltiples reformas tributarias (más de 20 en 10 años).

Conforme el déficit se hizo más grande, la deuda pública también aumentó. La deuda agregada (interna más externa) pasó de $ 13.734 millones en 2008 a $ 48.372 millones en 2018.

A esta última cifra se añaden pasivos contingentes por $ 3.115,5 millones y otras obligaciones por $ 9.892 millones, dando un saldo total de $ 61.380 millones equivalentes al 59% del PIB. (I)