Cangahua y la larga espera para tener acceso al agua

Hasta las faldas del volcán Cayambe se extienden amplios campos verdes, se escucha a los niños jugando en la escuela mientras los campesinos labran los cultivos de papas, cebolla y cebada. Cuando se asciende al páramo, la temperatura llega a 8 grados centígrados y a lo lejos se divisa el norte de Quito. Sorprende saber que en Cangahua, parroquia situada 70 km al noreste de la capital, la población tenga servicio de agua potable desde 2008, pero que los hogares carezcan de líneas telefónicas y que los postes de alumbrado público sean escasos.

Unas 800 familias, que pertenecen a las nacionalidades cayambi y quichua, formaron en 1985 la Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cangahua (Coincca) y por tareas de autogestión y mingas cuentan hoy con carretera, escuelas, agua potable y canales de riego.

El recurso más preciado en este lugar es el agua, porque lograron llevarla a los hogares con sus propias manos. Por eso intervinieron en el proceso de participación que promovió la Asamblea Nacional para impulsar la nueva Ley de  Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua -o Ley de Aguas-. En Cangahua, como en otras comunidades, piden que esa norma reconozca su gestión y que fortalezca el sistema que crearon. 

“Esto lo hemos conseguido con todo nuestro esfuerzo, no es justo que ahora nos quieran quitar”, dijo Carlos Alcásiga, presidente de la Coincca, durante una audiencia pública en Quito, refiriéndose al temor de que la nueva legislación defina una autoridad única para la administración del agua.

Las audiencias se realizaron en 22 provincias como parte de la consulta prelegislativa. El proceso terminó el 15 de abril. La comisión a cargo del tema, la de Soberanía Alimentaria, estimaba que a principios de mayo estaría listo el informe con las observaciones recogidas. Luego se volverá a reunir con  dirigentes indígenas y sociales. Todavía no hay una fecha definida para debatir el proyecto en el pleno de la Asamblea.  La Ley de Aguas es tan conflictiva que el primer intento por tratarla, en 2009, derivó en manifestaciones indígenas. En una de estas, en Macas, murió el profesor shuar Bosco Wisuma.

Trabajo comunitario

Alcásiga, de 29 años, está al frente de la Coincca hace 4 años. Fue elegido presidente mientras estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Central en Quito. Hizo una pausa en los estudios y retornó al campo donde los indígenas diseñaron un sistema administrado por la comunidad.

Bajo su cosmovisión, los miembros de cada comunidad participan en la toma de decisiones y el trabajo diario no sirve solo para el sustento individual sino para el bienestar colectivo en diferentes áreas: recursos hídricos, gestión ambiental, educación y salud. Por ejemplo, cada familia paga $ 1 mensual por el servicio de agua potable, pero debe compensar el costo del sistema realizando trabajo social.

En el centro comunitario, con capacidad para 50 personas, está la pequeña oficina del recaudador del sistema de agua. Cajas con llaves de agua, repuestos de tuberías, medidores y planillas de consumo se observan a primera vista. Este es el eslabón final de un largo proceso.
Un trabajo que duró 5 años

“Nuestros mayores nos cuentan que solo había una llave (para toda la comunidad) y que tenían que cargar el agua en pomas, baldes, o en la espalda (...) un trabajo muy duro”, cuenta Alcásiga. La Coincca nació para solucionar problemas y ejecutar obras por cuenta propia. El primer objetivo fue conseguir agua apta para el consumo.

En 2003, el Instituto Nacional de Recursos Hídricos, organismo encargado de la gestión del agua en ese momento (hoy Secretaría Nacional del Agua, Senagua), les entregó una concesión de la laguna Angascocha, que se encuentra a 22 km de la comunidad.

El Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (Iedeca) facilitó los estudios técnicos para la construcción del sistema de agua potable y la mano de obra corrió por cuenta de los campesinos.

En Ecuador, el desigual acceso al agua potable se mantiene. Según el censo de 2010, mientras en Sucumbíos el 40,6% de la población contaba con el servicio, en Pichincha la cifra llegaba a 93,4%.

Marlene Cholango (29 años), hermana del líder indígena Humberto Cholango, es miembro de la directiva de Cangahua. Con timidez al hablar recuerda que durante la construcción del sistema unas 500 personas pernoctaron a 2.800 m.s.n.m. Debido a las heladas murió un integrante de la comunidad. “Había que hacer un sacrificio para que el páramo aceptara nuestra intromisión. Entonces trajimos nuestros productos para ofrecerle (a la naturaleza) y después de eso seguimos trabajando”, cuenta.

La Coincca, como otras organizaciones, pide que en la nueva Ley de Aguas se acepten todos los sistemas de gestión comunitaria del agua y no solo a las denominadas juntas de agua. También es partidaria de crear el fondo del agua, para fortalecer económicamente a estos sistemas; y de que se constituya el consejo plurinacional del agua, en el que todas las agrupaciones indígenas tengan voz y voto. Miguel Carvajal (AP), presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, defendió la necesidad de una ‘autoridad única del agua’ y explicó que “las juntas de agua potable, así como las de riego, continuarán operando porque están reconocidas en la ley, en tanto asumieron la satisfacción de una necesidad básica de la población, que el Estado no lo hizo en su momento”.