En Pedernales, provincia de Manabí, los camaroneros cruzan sus dedos para que el Gobierno autorice  que se realice un nuevo censo.

En la zona que cuenta con 6.000 hectáreas de piscinas hay cultivadores del crustáceo con problemas en sus concesiones y con sus acuerdos ministeriales otorgados para desarrollar su trabajo.

Según cifras oficiales que maneja la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), a nivel nacional solo el 55% de empresarios ha logrado formalizarse.

Cristian Fontaine, presidente de la Cooperativa de Productores Camaroneros de la localidad, aseveró que algunos de sus compañeros se encuentran en una difícil situación por cuanto no han podido regularizarse.

Solicitó a las autoridades correspondientes que se sensibilicen y ordenen la realización de otro censo, con la finalidad de que puedan trabajar enmarcados en la ley aquellos que no pudieron hacerlo.

Resaltó que la actividad camaronera es la que ha sacado adelante a Pedernales con el levantamiento de infraestructura y la generación de fuentes de empleo.

Añadió que la cooperativa se encuentra en plan para reservar 200 hectáreas de mangle, equivalentes a unos 1.100 árboles. El costo por cada hectárea de estos sembríos va entre los $ 1.800 y $ 2.000.

Fontaine consideró que el censo efectuado por los organismos respectivos debió realizarse antes de la regularización. “Eso hubiera dado los elementos necesarios  a la misma autoridad para saber la realidad del sector”, opinó.

Familias buscan alternativas

Mientras que, la Cámara Nacional de Acuacultura admitió que no todos sus afiliados se legalizaron en el censo.

Por este motivo hace un llamado para que se realice un nuevo período y se inscriban quienes se quedaron afuera.

El presidente del gremio, José Antonio Camposano, afirmó que en ese estatus y con el acuerdo de concesión caducado se encuentran al menos unas 12.000 hectáreas (ha) de piscinas.

En tanto, 24.563 ha de un universo de 44.460, previstas en el Decreto 1391, lograron completar el trámite para obtener un convenio, que les permita ocupar las zonas de playa y bahía para la cría del crustáceo. 

El dirigente aseveró que varios productores están enfrentando procesos de desalojo debido a que no pudieron registrarse.

“557 trámites no lograron completar los requisitos para regularizarse. Si a las cerca de 600 familias que no pudieron formalizar su situación les sumamos los 450 camaroneros que tienen acuerdos de concesión vencidos, tenemos 1.000 familias que necesitan de una alternativa para asegurar sus fuentes de empleo”, remarcó el principal de los acuacultores.