El programa económico de Lenín Moreno empieza a desatar la consabida reacción colectiva sobre sus contenidos, alcances y posibles resultados. Obvio: se trata del primer esquema estructurado de política macroeconómica de la era poscorreísta, el cual llega cobijado en un largo ejercicio de diálogo entre los diversos sectores -y actores- económicos que acudieron al llamado presidencial. 

Al tratarse de una aproximación colectiva sobre intereses dispares, era inevitable que, una vez conocidos los detalles, gusta a unos y disguste a otros. Así es la economía política, así se mueven los intereses.

Este plan descansa sobre varios pilotes: apalancar la dolarización, crear empleo, financiar la política social y luchar contra el contrabando y la defraudación fiscal. Es un gran abanico para un gobierno que ya tiene mucho con su guerra anticorrupción.

Este último punto, en efecto, no es menor. Hace toser a ciertos importadores de baja ralea y buena pinta, acostumbrados ellos al contrabando como modelo de negocio, y a convertir en mérito profesional lo que está tipificado como un delito la evasión tributaria. 

Estos personajes promueven el rentismo parasitario, la opacidad fiscal y perforan las políticas comerciales. 

La sumatoria de estos delitos es alta. Las autoridades estiman que el país pierde al año $ 2.000 millones (un 2% del PIB) y 200 mil plazas de trabajo. Eso explica la bronca desde ese lado de la tribuna. (O)