El lavado de activos es uno de los delitos más extendidos en el mundo. A este nivel, los flujos ilícitos representan entre el 2% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Ecuador no es ajeno a esta realidad, sobre todo por tener una economía dolarizada.

Con el fin de crear una política pública para prevenir este delito, el Banco Central del Ecuador (BCE) organizó el encuentro denominado “Desafíos de la política pública para la prevención del lavado de activos” en la Escuela Politécnica del Litoral (Espol).

Verónica Artola, gerente general del BCE, explicó que el objetivo es crear un grupo de trabajo entre varias instituciones para estudiar las vías por donde ingresarían recursos ilícitos al Ecuador.

“La práctica de estos delitos afecta directamente a la macroeconomía. Por ello existe un profundo interés del BCE en promover estadísticas e indicadores que permitan dimensionar y enfrentar mejor el lavado de activos”, señaló Artola.

El BCE opera diariamente $ 500 millones en el sistema de pago, cada año se importan $ 1.400 millones de la Reserva Federal y se exportan otros $ 1.900 millones. “Por ahí puede venir dinero de fuentes ilícitas y es indispensable que el BCE y otras entidades levanten alertas cuando se perciba que existen depósitos inusuales o ilícitos”, apuntó la funcionaria.

Alan Sierra, director nacional de Lavados de Activos de la Superintendencia de Compañías, dijo que este delito se puede presentar en cualquier actividad comercial y en empresas grandes o pequeñas.

Por su parte Gonzalo Cucalón, vicepresidente de la Asociación de Casas de Valores del Ecuador, dijo que es indispensable que las gerencias generales tengan un conocimiento profundo de cómo funciona el lavado de activos, cómo prevenirlo y cómo es traspasado al resto de la organización.

El Banco Mundial también asesora al BCE en la creación de políticas públicas. Se espera tener en 2020 una proyección de los flujos ilícitos existentes en el país. (I)