El sector financiero privado advierte no verse afectado con el Proyecto de Ley para la Regulación de los Créditos para Vivienda, que tiene ya un informe listo para el  primer debate en el pleno legislativo, previsto que se desarrolle el próximo martes.

César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, indicó que lo importante es que se haya aclarado en este documento que  la ley no es retroactiva, que el condicionamiento no es solo para el sistema financiero público o privado, sino que se extiende a otros agentes que prestan el dinero para la adquisición de la casa, como son las mismas constructoras o promotores habitacionales, y que se mantenga  la hipoteca abierta.

“Este tipo de hipoteca “es beneficiosa para el deudor y para el banco, y que no sea extendible a otros bienes para su cobro en caso de incumplimiento, no nos oponemos”, dijo Robalino.

Por otro lado, mencionó que es negativo que el techo de 500 salarios básicos unificados -146 mil dólares- para la compra de la vivienda se mantenga porque “no se dirige exclusivamente a garantizar los intereses de la gente pobre sino a quienes ya se ubican en un estrato social medio alto”.

Además, manifestó el dirigente, que aspiran a que en el texto para el segundo debate la Comisión incluya un artículo que permita que los juicios por deudas impagas de vivienda ya no demoren 4 ó 5 años, sino máximo 6 meses, “lo cual beneficia al deudor y al acreedor, porque el bien no se devalúa”.

Mario Burbano, gerente General de la Mutualista Pichincha, aseguró que el proyecto de ley no es negativo, no afecta al sector mutual. En su efecto, obliga a la banca a ser más exhaustiva en analizar la capacidad de pago del deudor,  y también respecto a la garantía (casa o departamento) “que no presente riesgo de devaluación, de pérdida de valor o minusvalía en el tiempo”.

“Tiene que ver con que el bien no esté expuesto a “zonas  que puedan tugurizarce, que puedan estar expuestas a riesgos naturales o se ubiquen en sitios de inseguridad social”, acotó el financista.

“Esta situación corresponde a que el prestamista hace su cuantificación de plusvalía de aquí a un futuro de por lo menos 10 años, para que esa casa se constituya en una garantía adecuada”, según destacó Burbano.

Criterio con el que coincide el analista económico Jorge Rodríguez, quien dijo que esta medida “en lo absoluto le hará mella al sector privado”, ya que este sector presta máximo el 70% del valor del bien, la que en caso de incumplimiento se asegura el pago total del crédito con el 30% que realizó el deudor a la inmobiliaria y la plusvalía que gana en el tiempo esa casa hipotecada.

No obstante, anotó Rodríguez, que esta ley le obliga al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) a “tener mayor responsabilidad en la concesión de los créditos, porque se trata de vigilar los dineros de todos los afiliados”.

Esto implica que antes de otorgar el préstamo, debe el Biess evaluar la calidad de la construcción, porque “cuando es vivienda barata no se toma en cuenta la calidad, y la depreciación del bien es más rápido”, indicó Rodríguez.