Durante los próximos tres años la economía ecuatoriana se manejará sin un límite al nivel de endeudamiento, mientras se estabiliza el gasto público y se alcanzan niveles de financiamiento óptimos.

A esta etapa se la denomina de “Estabilidad” y es la primera de tres que componen el Plan de Sostenibilidad Fiscal, incluido dentro del proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

“El gasto tiene que irse ajustando (...) Eso nos va a permitir llegar a buen puerto en los próximos tres años. Si es que los precios de petróleo acompañan vamos a llegar más rápido a ese objetivo”, señaló Richard Martínez, ministro de Finanzas.

El Gobierno se ha planteado reducir el gasto público, al menos, $ 1.000 millones al año.

La siguiente fase es de “Convergencia”, que consiste en retornar al límite actual del 40% de endeudamiento frente al Producto Interno Bruto (PIB).

Según el proyecto, el Ministerio de Finanzas aplicará un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal dirigido a que la relación entre el saldo de la deuda pública total y el PIB disminuya en cada planificación cuatrianual.

La última etapa es de “Sostenibilidad” a largo plazo creando un fondo de estabilización que permita amortiguar shocks externos.

Martínez explicó que a diferencia de fondos pasados en este se ha dejado un espacio para “garantizar que los programas sociales no se vean afectados”.

A criterio del analista Alberto Acosta Burneo, el plan muestra signos positivos sobre el manejo que tendrá la deuda. Sin embargo, recomendó detallar en la ley parámetros exactos para que en la etapa de estabilización no existan excesos.

El problema de fondo no es el volumen de la deuda sino la capacidad de pago del país y en las actuales circunstancias no queda más opción que contraer más deuda, pero esta debe ser administrada con responsabilidad, enfatizó Acosta Burneo.

Otro giro del proyecto es que el Banco Central del Ecuador (BCE) estará prohibido de recibir títulos y obligaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas.

El BCE “ya no será usado para generar liquidez a Finanzas”, resumió Verónica Artola, gerente general del Banco. A la fecha las inversiones en el Ministerio bordean los $ 3.100 millones.

“Eso va a ser honrado en los mismos plazos que están dados y establecidos”, aseguró la funcionaria.

El anterior gobierno recurrió en varias ocasiones al Banco Central para obtener financiamiento a través de los certificados de tesorería (cetes) emitidos por el Ministerio de Finanzas, pero esas obligaciones no eran contabilizadas para medir el nivel de endeudamiento. (I)

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Pago mínimo del anticipo al impuesto a la renta se elimina
Como incentivo a las inversiones y sociedades existentes y tal como lo anunció el presidente Lenín Moreno, el proyecto de ley propone la eliminación del pago mínimo del anticipo al impuesto a la renta a partir de 2019.

Este ha sido un pedido recurrente del sector privado. Cuando Richard Martínez encabezaba el Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE) dijo que el anticipo perjudicaba la liquidez de los negocios, en especial de los más pequeños, y que constituía un impuesto mínimo que no es devuelto.

Según un estudio del CCE, las pequeñas empresas terminan pagando una tarifa incluso superior al 45%, cuando la tasa normal es de 22%.

Otro aspecto importante propuesto en el proyecto de ley es la reestructuración de intereses en deudas tributarias.

Marisol Andrade, titular del Servicio de Rentas Internas, explicó que el impacto de esta medida para este año significará $ 602 millones; para 2019, $ 115 millones; y para 2020, $ 57 millones. En total se estima recaudar $ 774 millones por remisión.

Andrade acotó que las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán mayores plazos para acogerse a lo establecido en la normativa. (I)

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Exoneraciones de tributos para nuevas inversiones
Con el propósito de atraer inversiones en mayor volumen, el proyecto de ley amplía los actuales beneficios del Código de la Producción (Copci). Las nuevas inversiones productivas en sectores priorizados y que estén fuera de Quito y Guayaquil tendrán derecho a la exoneración del impuesto a la renta por 10 años, contados desde el primer año que se generen ingresos.

Las inversiones que se hagan en Quito y Guayaquil gozarán de 8 años de exoneración. También las nuevas inversiones que suscriban contratos de inversión estarán exentas del impuesto a la salida de divisas (ISD) por importaciones de bienes de capital y materias primas, de acuerdo a montos y plazos establecidos en los contratos.

Tampoco pagarán por dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a favor de beneficiarios que sean personas naturales domiciliadas o residentes en el país.

Las exoneraciones tendrán validez durante 24 meses y podrán ser prorrogados por el mismo tiempo.

Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior e Inversiones, señaló que en lo que va del año el Gobierno ha firmado contratos de inversión por un total de $ 879 millones. (I)

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Trámites para viviendas de interés social se reducirán 
Los proyectos de vivienda de interés social calificados por el ente rector del sector serán considerados prioritarios en las políticas de desarrollo nacional.

Por esta razón, el proyecto de ley contempla beneficios para estas construcciones. También aplican a las industrias de fabricación de viviendas de interés social.

La propuesta apunta a simplificar el proceso administrativo y de tramitología para la construcción. Cuando se requiera la aprobación municipal o metropolitana se aplicará un procedimiento de tres fases. Primero, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) emitirá un informe sobre compatibilidad de suelo para uso residencial en máximo 10 días contados a partir de las presentación de la solicitud.

Luego, el órgano rector tendrá 10 días más para calificar el anteproyecto como vivienda de interés social. Y para la obtención del permiso de construcción, el GAD registrará los planos respectivos y emitirá la licencia de construcción del proyecto.

También se plantea la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) para la construcción de vivienda de interés social y tarifa 0% en los servicios del mismo.

La ministra de Industrias, Eva García, acotó que estos beneficios acelerarán la ejecución del programa “Casa para Todos”. (I)