La Ley de Fomento Productivo, cuyo veto presidencial se analiza en la Asamblea, es la antesala para que el Banco Central del Ecuador (BCE) vuelva a ser un ente autónomo del gobierno central.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto con el Central preparan un plan de acción al respecto, el cual incluye nuevas regulaciones para lo que resta del año. Este ejercicio cuenta con asistencia técnica internacional.

El objetivo a la vista es que en 2019 la institución ya opere “con total y absoluta independencia”, dijo Richard Martínez, titular de Finanzas, a EL TELÉGRAFO y agregó que haberle quitado la autonomía al BCE fue una de las causas que llevaron a la situación económica actual.

Analistas han observado con preocupación el rol que jugó el Central en la última década, influenciado por decisiones fiscales que dieron lugar a operaciones financieras que hoy la Ley de Fomento Productivo propone prohibir.

Una de esas prohibiciones tiene que ver con impedir al BCE comprar Certificados de Tesorería (Cetes) o cualquier título valor emitido por el Ministerio de Finanzas.

Durante el gobierno anterior el Central fue una importante fuente de financiamiento interno. Las transacciones con Cetes llegaron a los $ 5.866 millones a mayo de 2017.  

Pero en ese mismo mes el Ministerio de Finanzas pagó $ 2.137 millones de esa deuda mediante acciones de instituciones financieras públicas.

El veto a la ley plantea la recompra de esas acciones y también ejecutar durante un plazo máximo de cinco años un cronograma de desinversión de los Cetes.

La intención de ambas medidas es fortalecer las reservas del BCE, explicó Martínez. Además aseguró que el proceso de pago se configuró para alivianar el momento fiscal, pues en septiembre de este año se vencía un tramo de deuda por $ 680 millones.

Si en los siguientes años el flujo de recursos mejora, los pagos al Central se acelerarán, afirmó el Ministro.

Verónica Artola, gerenta general del Banco Central, agregó que durante los cinco años se pueden reinvertir los Cetes y reiteró que en adelante la institución ya no podrá adquirir esos papeles.

Víctor Hugo Albán, presidente de la Federación Nacional de Economistas, opinó que “el Banco Central fue usado como la segunda caja chica del gobierno anterior, la primera fue el IESS”.

Albán coincidió en que la ley reforzará las reservas internacionales y permitirá que el Central avance hacia la autonomía. “Es fundamental que sea independiente porque define las políticas monetarias”, enfatizó.

La visión del ministro Martínez es que la institución vuelva a cumplir su función de ser un “tercero confiable”, pero también una entidad que pueda observar, alertar y entregar informes sobre temas de manejo económico. (I)