La nueva ley que fortalecerá las funciones del Banco Central del Ecuador (BCE) está en manos del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, para su análisis.

El cuerpo legal estará listo en septiembre de 2019 y será enviado a la Asamblea Nacional, de acuerdo al cronograma acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La reforma busca la autonomía institucional del BCE para que maneje y gestione la liquidez de la economía de manera adecuada.

En el foro “Autonomía del Banco Central”, que se realizó el miércoles 14 de agosto de 2019 en Quito, Verónica Artola, gerenta general del BCE, explicó que para lograr esa independencia se necesitan tres acciones concretas.

Estas son: dejar de prestar dinero al Ministerio de Economía y Finanzas, no invertir en la banca pública y que las utilidades del BCE se queden en este para que se capitalice. Según Artola, este proceso ya empezó hace dos años.

Desde el 31 de mayo de 2017 ya no se realizan inversiones con Finanzas. Los títulos valores que el BCE tenía invertidos en esa cartera de Estado llegaron a $ 4.221 millones en 2016.

Otra propuesta para garantizar la autonomía de la institución es que esta tenga su propio directorio, señaló Artola. De esta manera se podrán decidir instrumentos de política monetaria desde el interior de la entidad.  

El directorio estaría conformado por siete personas designadas por el Presidente de la República. Sin embargo, el Gobierno no intervendría en sus decisiones, aseguró.

Además, se busca que las autoridades permanezcan seis años en sus cargos para así deslindarse de los gobernantes de turno. El directorio también tendría autonomía financiera para direccionar los recursos del banco, según su criterio.

El BCE actualmente transfiere alrededor de $ 100 millones anuales al Ministerio de Finanzas por concepto de utilidades. Si fuera autónomo, ese dinero iría a fortalecer la reserva internacional y la dolarización.

Se prevé que con la autonomía, el BCE será independiente del ciclo político para dar continuidad en la formulación de políticas monetarias, y de cambios de autoridades para la consecución de objetivos.

La independencia del BCE  permitirá que mejore su área de investigación para que se convierta en asesor técnico del Gobierno.

Marcos López, delegado del Presidente de la República en la Junta de Política y Regulación Monetaria, explicó que el anterior gobierno manejó el BCE a su modo y, en consecuencia, hubo deficiencia en las reservas. “Ahí está la necesidad de un BCE autónomo que decida lo mejor para el país”.

Para Mauricio Pozo, presidente ejecutivo de Multienlace, el BCE es un actor clave para la estabilidad macroeconómica y para dar confianza a los mercados. (I)