Avances y retrocesos en el caso Chevron

Cuando el llamado proceso Chevron III da las primeras alegrías al Estado ecuatoriano, dos jarros de agua fría vuelven a calmar cualquier atisbo de optimismo sobre el caso. Primero la compra de los derechos de autor por parte de Brad Pitt de un libro que es muy crítico con los abogados de los afectados, y, en segundo lugar, la recomendación de la Fiscalía de Brasil de no reconocer la demanda contra Chevron.

En el complejo caso del arbitraje Chevron III, tras varios infructuosos laudos parciales que pusieron de relieve la inclinación de los árbitros por la compañía, hubo un importante avance recientemente cuando el tribunal reconoció que “la demanda de Lago Agrio (los afectados por Texaco) incluye derechos individuales, lo que implica que el Acuerdo de Liberación suscrito entre el Estado ecuatoriano y Texaco en 1995 no fue un impedimento para la presentación de la demanda ambiental”. Chevron se llevó un fiasco porque pretendía acabar con el caso simplemente alegando que había sido exonerada de cualquier responsabilidad gracias a un acuerdo firmado en 1995 con el entreguista gobierno de turno.

Debemos recordar que este caso de arbitraje no debió nunca ser sido admitido, ya que la petrolera demandó a Ecuador con base a un tratado bilateral de inversión que entró en vigor varios años después de que Chevron hubiera abandonado el país, y es un principio en el derecho internacional no aplicar normas con carácter retroactivo. Hasta la Corte Penal Internacional ha declarado no poder juzgar los crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra, antes de su formalización en el año 2002, pese a que ya existieran tribunales ad hoc que estaban juzgando causas por estos crímenes. Sin embargo Chevron sí puede saltarse a la torera la normativa internacional.

Pero ahora que el arbitraje empezaba tomar un cierto equilibrio en la consideración de los distintos argumentos por el tribunal, aparece el mediático actor de Hollywood, Brad Pitt, cuya productora ha comprado los derechos del libro de Paul Barrett ‘La Ley de la Jungla’, que presenta a los abogados de las víctimas de la contaminación petrolera como unos estafadores, para hacer una película. Y en los mismos días, la Fiscalía de Brasil ha manifestado al Tribunal Supremo de Justicia de ese país, que está en proceso de decidir si ejecuta la sentencia de Lago Agrio y embarga bienes de Chevron, no hacerlo por haber sido “dictada de manera irregular, en especial bajo desdichados actos de corrupción”.

Ambas actuaciones están muy influenciadas por la sentencia dictada por el juez de la Corte Federal de Nueva York, Lewis Kaplan, contra los defensores del Frente Amazónico bajo el amparo de la ley RICO (Rackeer Influnced and Corrupt Organizations) y que considera a sus abogados como corruptos. Según los afectados, la sentencia de Kaplan será revertida en la apelación, porque se aceptó la declaración de testigos corruptos, ignoraron pruebas científicas y se interfirió ‘ilegalmente’ con la decisión final de la Corte Suprema de Ecuador. Además existe un conflicto de intereses porque el juez Kaplan, entre sus más de 120 cuentas y sociedades de inversión, tendría hasta 100 mil dólares en el Fondo de Equidad Siglo Americano, que a su vez posee 201 millones de dólares en acciones de Chevron y en un fondo de renta de JP Morgan Capital, que describe a la transnacional petrolera entre sus diez mejores clientes.

Todos estos eventos, aunque de distinta naturaleza y apariencia inconexa, son piezas que se mueven dentro de un tablero de juego que supone sin duda uno de los casos judiciales y sociales de mayor interés de la historia moderna. No solo están en juego 9.500 millones de dólares, sino la supremacía de las transnacionales sobre los Pueblos y los Estados soberanos. Goliat no puede permitirle a David que gane esta partida y para ello utilizará todos los medios a su alcance. (O)