Australia fue el primer país en gravar los ‘consumos nocivos’

La búsqueda de un mecanismo para gravar con impuestos a los productos de las cadenas de comida rápida en el país, ha generado un debate entre consumidores, industriales y el Gobierno.

La semana pasada el presidente de la República, Rafael Correa, dijo que la medida fiscal no aplicaría a los negocios pequeños y justificó la propuesta en el hecho de que “la gente se está muriendo por mala alimentación” y en lo elevado del gasto en salud para atender a las personas afectadas por el consumo de alimentos ricos en grasa. El porcentaje se estima en el 25% más, dijo el Mandatario.

Aunque no está confirmado, una de las opciones sería que dichos alimentos se sumen al grupo de bienes gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), entre ellos el tabaco y las bebidas alcohólicas. El Servicio de Rentas Internas (SRI), estudia la factibilidad de incluir a la comida rápida en el ICE, aunque los criterios de clasificación de los productos, se analizan en conjunto con el Ministerio de Salud.

Estas medidas no son exclusivas de Ecuador, pues otros países del mundo no han dudado en poner contra la pared a los consumos “nocivos”. De acuerdo con un análisis de la consultora Deloitte, elaborado por Leon Pieters, consultor para los Países Bajos (Holanda), en los últimos 40 años se ha producido una “cascada significativa” de cargas regulatorias y tributarias de los productos perniciosos para la salud en varios países del mundo.

Australia fue uno de los primeros en aplicar medidas restrictivas en 2000. En 2011 el Gobierno húngaro presentó un impuesto especial a los alimentos altos en grasa, sal y azúcar, mientras que en Reino Unido, los alimentos y bebidas “poco saludables” también están bajo el escrutinio estatal.

Compromiso de empresas

Según el análisis de Leon Pieters, el hecho de enfrentarse a este marco regulatorio los retos son más complejos para los ejecutivos de las grandes compañías productoras.

“Se requiere un cambio radical en el nivel de conciencia y en el compromiso normativo”, señaló.

Las empresas que se preparen a fondo con una respuesta estratégica a estos desafíos estarán mejor posicionadas para mitigar los riesgos, dice el estudio.

Por ejemplo, SabMiller, la segunda compañía cervecera del mundo, con presencia en al menos 70 países, ha buscado dar un giro a su favor al colocar entre sus objetivos de sostenibilidad para 2020 el consumo moderado de la bebida y convertirla en una “elección natural para los bebedores responsables”.

La directora de Comunicaciones y Sustentabilidad para América Latina del grupo, Catalina García, indicó a EL TELÉGRAFO que entre sus planes se encuentra el lanzamiento de campañas educativas, pues están conscientes que son negativos los patrones de consumo en Latinoamérica.

Gran parte de la regulación de los gobiernos -afirma Deloitte-, se centra en el intento de alterar el comportamiento mediante una combinación de precios, educación, información y disponibilidad restringida, pero “la naturaleza profundamente arraigada de los patrones de consumo hace que esto pueda ser más difícil de lograr en la práctica, especialmente en el corto plazo”.

Para la ejecutiva de SabMiller, los incrementos tributarios no solucionarían el problema central sino que, por el contrario, propician el contrabando y el alcohol ilegal.

El impacto de las medidas fiscales y arancelarias se ha hecho sentir en los últimos años en el mercado de licores local.

Según datos de la Asociación Ecuatoriana de Importadores de Licores (AEIL), el año pasado se importaron apenas 40.000 cajas de whisky escocés. Mientras que de 2011 a 2013 las importaciones de este producto -tradicionalmente de mayor rotación-, cayeron un 87%, a partir de la Resolución 63 del Comité de Comercio Exterior (Comex), que gravó con 25 centavos los licores por cada grado alcohólico.

El analista considera que el panorama regulatorio llevará a muchas empresas a considerar el impacto potencial en el mercado, lo que representará para su negocio y cuál debe ser su respuesta estratégica ante este.

Salud, un fuerte argumento para imponer tributos

Una variedad de medidas para restringir el consumo de alimentos y bebidas perjudiciales, así como de tabaco entre la población, han desfilado por las agendas fiscales de varios gobiernos del mundo. En 2010, Dinamarca aumentó los impuestos el 25% en alimentos y bebidas “poco saludables”; mientras que Islandia está considerando propuestas para que la venta de tabaco sea ilegal, excepto bajo prescripción, afirma un estudio de la consultora Deloitte.

Según una investigación de la revista médica The Lancet, difundida por la BBC, un cuarto de los hombres rusos muere antes de cumplir 55 años y la mayoría de los fallecimientos es consecuencia del consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Rusia votó recientemente para introducir restricciones a la venta de alcohol en la noche y prohibir su consumo en una variedad de lugares públicos.

Por el lado del tabaco, el costo de fumar se estima en 5 mil millones de libras ($ 3.105 millones), lo que ha proporcionado un fuerte argumento a favor de la imposición. En cuanto a la obesidad, en Estados Unidos su prevalencia generaría alrededor de $ 344.000 millones en gastos relacionados con la medicina para 2018. El problema no se limita a las economías desarrolladas, pues la Organización Mundial de la Salud estimó que en 2008, 1,5 mil millones de adultos, de 20 y más años, tenían sobrepeso. En Ecuador, según datos de Ensanut, 5,5 millones de adultos son obesos.