Las asignaciones del Gobierno Nacional a las 23 prefecturas del país aumentaron en los últimos tres años.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2016 y 2018 los gobiernos provinciales recibieron $ 2.224’092.531 en total.

En 2018, por ejemplo, el Gobierno destinó para la operación de las prefecturas $ 809’042.277. Pero a pesar de ello, los representantes provinciales elegidos el 24 de marzo exigieron este miércoles 17 de abril al Gobierno que transfiera los recursos que se les adeuda por varios rubros.

Hasta el momento hay un saldo pendiente desde el 2015 que asciende a $ 348’740.582. Como parte de ese saldo, por ejemplo, está la deuda de $ 92 millones de la competencia de riego, drenaje y dragado que tienen los gobiernos provinciales.

Asimismo, constan los $ 20’898.302 que se originaron por concepto de devolución del impuesto al valor agregado (IVA). Esos valores se generan cuando las prefecturas hacen obras o compran bienes.

Las administraciones provinciales tampoco han recibido los $ 116’769.718 como parte de las acciones que tienen en las empresas eléctricas del país.

Rafael Dávila, prefecto reelecto de Loja y vicepresidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales  (Congope), dijo que el monto adeudado serviría para concluir las obras que se requieren en el país.

Guillermo Herrera, otro de los cinco prefectos que fueron reelectos, indicó que Carchi requiere de esos fondos para obras de vialidad y riego, principalmente. Según él, solo a dicha provincia se le adeuda $ 6,6 millones.

Esa realidad financiera de los gobiernos provinciales fue debatida este miércoles 17 de abril en Quito, en las instalaciones del Congope.

Allí, las nuevas autoridades se enteraron de cómo recibirán las arcas de los territorios que gobernarán desde el próximo 14 de mayo. Pero no solo eso preocupa a las autoridades provinciales. Ellas deberán asumir las consecuencias de supuestas deficiencias de quienes les antecedieron.

Amado Chávez, nuevo prefecto de Sucumbíos, informó de varias anomalías que deja la gestión de Guido Vargas. Una de ellas es el tema laboral. “Se entregó nombramientos a personal sin una justificación y lo primero que haré es una auditoría para transparentar la realidad del gobierno provincial”.

En cambio, Yaku Pérez, nuevo titular de la Prefectura del Azuay, no responsabilizó del abandono de la provincia a su antecesor Marcelo Cabrera, sino a la llamada “década ganada”, que fue presidida por el expresidente Rafael Correa. En ese periodo, advirtió, hubo exclusión. “Hay parroquias que todavía no tienen un metro de asfalto y tampoco tienen riego”.

Según Congope, el Estado le adeuda a Azuay un monto de $ 55,3 millones. Pérez informó que el presupuesto de esa Prefectura es de $ 28 millones, de los cuales más del 50% se destina a gastos de inversión.

Pérez aseguró que la falta de obras en esos sectores se debió también a la “mala gestión” de Gustavo Baroja, de quien dijo manejó como “hacienda” al Congope.

Baroja, en cambio, destacó el trabajo de ese Consorcio e instó a que las nuevas autoridades se despojen de las banderas políticas para continuar con las acciones a favor de las provincias.

Reunión con Moreno

Está previsto para el próximo 23 de abril que los 23 prefectos elegidos se reúnan con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet.

Este miércoles 17 de abril, los representantes locales establecieron algunas de las peticiones que harán, entre las que destacan el pago de los $ 348,7 millones.

Durante esa cita se informará, también, sobre la asignación que recibirán los gobiernos provinciales luego del crédito otorgado al país por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ese organismo multilateral comprometió $ 4.200 millones. Según el Gobierno, de ese monto $ 292 millones serán destinados a los gobiernos seccionales: alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales.

Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, informó hace más de un mes que ese monto asignado se podría usar para implementar sistemas de riego e inversiones productivas. (I)