Argumentos chatarra
En las últimas semanas se han anunciado 2 propuestas impositivas sobre fuentes de muy distinta naturaleza: la plusvalía y la comida chatarra. El primero es un impuesto clásico en los sistemas tributarios que recae sobre la revalorización del suelo urbano como consecuencia del desarrollo de las ciudades, siendo la acción pública —con sus decisiones— el actor principal de dicho desarrollo y, por tanto, el causante principal de la plusvalía. Además, una adecuada formulación jurídica y técnica permitiría gravar las ganancias con causa especulativa.
El segundo impuesto tiene una nítida finalidad extrafiscal y opera como suerte de estímulo negativo al consumo de productos que, en exceso, provocan graves enfermedades cardiovasculares y cuyo tratamiento ocasiona costos multimillonarios a los sistemas sanitarios en todo el mundo. En el caso de los tributos regulatorios, la función recaudatoria es secundaria —el impuesto debería vaciarse de contenido a medida que cumple su objetivo ‘disuasorio’— mientras que su función extrafiscal es complementaria de las políticas sectoriales sustantivas, a cuya eficacia se supeditan. En materia de salud pública, por ejemplo, son imprescindibles políticas integrales y campañas de información y sensibilización sobre hábitos alimenticios saludables, siendo los tributos regulatorios —de ser necesarios— solo uno de los instrumentos que coadyuvan a esas políticas públicas.
Gravar el enriquecimiento sin causa, o penalizar los hábitos nocivos de consumo, son cuestiones que deberían formar parte del sano debate de las políticas públicas. Observamos, sin embargo, que los creadores de opinión —en su mayoría— han abordado la cuestión desde posturas preconcebidas que empobrecen el debate y hurtan los elementos necesarios para formar una posición propia e informada. Comprobamos, a la luz de los datos comparados, que los argumentos esgrimidos sobre una supuesta “sobreimposición” en el Ecuador no se sostienen.
Tampoco se ha aportado una sola razón técnica que contraríe la imperiosa necesidad de fortalecer el impuesto municipal a la plusvalía. Por el contrario, tras el discurso que sitúa al tributo como causa de todos los males asoma un torpedo en la línea de flotación de las políticas de buen vivir, una rediviva maniobra política que apuesta por el vaciamiento del Estado, fiándolo todo a la ‘eficiente’ mano del Mercado.
Lo tributario suele aparecer como un elemento transversal y requiere del aporte de datos, experiencias internacionales y observaciones locales que sitúe en sus justos términos el papel de la política fiscal como instrumento de redistribución y promoción del crecimiento económico, de asignación de recursos y de regulación económica. No se trata de hacer una defensa cerrada del sistema tributario ecuatoriano, sino de explicar que la solidez del mismo es clave para el desarrollo armónico de la sociedad y la garantía del cierre paulatino de la brecha de desigualdad. En esta sección que brinda Diario EL TELÉGRAFO nos proponemos explicar los principios que inspiran el sistema tributario, las contradicciones que enfrenta o la importancia de la cultura tributaria; pero también queremos señalar algunos de los históricos problemas de aplicación y diseño que salpican la legislación tributaria ecuatoriana. Baste ahora decir que la ausencia de corresponsabilidad fiscal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el cobro de impuestos —el escaso esfuerzo para alcanzar la autonomía financiera que reclaman— quizá esté en el origen de algunas de las propuestas impositivas planteadas desde el Gobierno Central; lo que podemos ilustrar con un dato: la recaudación de un impuesto troncal en el sistema como es el Predial —de naturaleza directa, y de competencia municipal— supuso en 2013 un monto de $ 96 millones en todo el país (fuente: Banco del Estado).
El ICE-cigarrillos, un impuesto menor y de naturaleza indirecta, duplicó con sus $ 180 millones (fuente: SRI) la recaudación de toda la propiedad inmobiliaria ecuatoriana. Denunciar una infundada alta imposición sobre el contribuyente ecuatoriano y hacer la ‘vista gorda’ de la responsabilidad que corresponde a los Gobiernos locales en la financiación de los servicios de su competencia es, nos parece, un argumento chatarra. Desde hoy nos proponemos enriquecerlos.
