La Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos (Loevt), está en vigencia desde el 30 de diciembre de 2016, tras su publicación en el Registro Oficial.

El presidente de la República, Rafael Correa, no hizo modificaciones al texto aprobado por la Asamblea Nacional el 27 de diciembre. El contenido de la norma fue analizado por sectores involucrados desde hace varias semanas.

Con criterios a favor y en contra expusieron sus observaciones sobre el impuesto de 75% a la ganancia extraordinaria por la segunda venta de un bien inmueble.

EL TELÉGRAFO recorrió notarías públicas, registros de la propiedad y dependencias del Servicio de Rentas Internas (SRI) en tres ciudades con el fin de constatar cómo se desarrolló la aplicación de la ley al iniciar el nuevo año.

La principal duda entre los ciudadanos consultados es: en qué momento se grava el impuesto a la ganancia extraordinaria. Algunos, sin un conocimiento claro, respondieron que el tributo se paga por la venta total, cuando la realidad es que ocurre luego de calcular la ganancia ordinaria más una franja exenta de 24 salarios básicos unificados ($ 9.000).

La atención en el Registro de la Propiedad de Quito (Pichincha) fue la acostumbrada desde las primeras horas de la mañana. En promedio, 1.700 personas asisten por día a realizar trámites. Este diario solicitó una entrevista con el encargado de la entidad, Pablo Falconí Castillo, para conocer detalles de la atención al cliente en relación a la nueva normativa y capacitación de los funcionarios, sin embargo no fue posible obtener su declaración.

Si bien la recaudación del impuesto a la ganancia extraordinaria deberá ser cobrada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la normativa establece la facultad determinativa del SRI, la cual permite a la Administración Tributaria ejercer un control de veracidad de la información cuando el GAD responsable no cumpla con esa función, explicó Guillermo Belmonte, director Zonal 9 del SRI.

El movimiento para este tipo de consultas fue mínimo en Manta (Manabí).

Braulio Véliz, funcionario del Servicio de Rentas Internas en la ciudad, detalló que en el primer día del año no hubo afluencia en la entidad.  Desde que la ley estaba siendo tramitada por la Asamblea, en diciembre, se instruyó a grupos de  ciudadanos sobre su contenido y aplicación.

Similar situación se presentó en la Notaría Tercera, indicó el funcionario Andrés Giler. “Hasta el pasado 25 de diciembre hubo movimiento en cuanto a trámites de compra y venta de bienes inmuebles”.

En el Registro de la Propiedad de esa ciudad, las actividades se desarrollaron con normalidad, destacó Leonardo García, recaudador. La afluencia de personas fue alta en diciembre, pero para obtener el certificado de solvencia.  

Por otro lado, el concejal Isidoro Montalván espera que la Comisión de Planificación del Municipio convoque a una reunión para analizar la Ley Antiespeculación, “en razón de que va para segunda instancia la aprobación de una ordenanza de los asentamientos humanos”.

En Ambato, la ciudadanía tiene múltiples inquietudes. Gran parte de la población aún desconoce detalles sobre este cuerpo legal, cuyo principal objetivo es garantizar el acceso a una vivienda propia a precios razonables. Una de las personas que tiene dudas es Gloria Fuentes, de 65 años. Ayer acudió a las ventanillas del municipio local para  pagar el tributo de sus dos viviendas. Ella planea vender una de ellas.

“Siempre procuro cancelar en los primeros días de enero, a fin de beneficiarme con el descuento del 10% sobre el valor total de la factura, incluidos precio por mejoras y multas. Por motivos de viaje vendería una de mis dos casas, ubicadas al sur de la urbe. Me urge desocuparme de este trámite, pues me han comentado que tras la venta deberé pagar un rubro importante, según la ley, y encima no quiero tener una multa”, dijo.

A escasos pasos del punto de recaudación se encuentra la oficina del Registro de la Propiedad de la Municipalidad de Ambato, hasta donde la mujer acudió a despejar la duda de si la aplicación de la Ley afectará el bolsillo de quienes vendan predios o viviendas.

Tania Gómez, registradora de la Propiedad, explicó que “se debe tomar en cuenta que el tributo se cobrará a quienes realicen la segunda venta a partir de la aprobación de la normativa, es decir el 29 de diciembre de 2016”.

A diferencia de Quito y Manta, en las notarías de Ambato la actividad fue intensa. Muchas personas acudieron a estas entidades para despejar sus inquietudes. “Se nos explicó que no todas las ventas de casas tendrán que pagar el tributo por plusvalía, solo aquellas cuya ganancia neta sobrepase el equivalente a 24 salarios mínimos.

Esto tranquilizó a muchos quienes no se dedican a la actividad inmobiliaria, pero que por alguna razón tienen que vender sus viviendas”, señaló Guadalupe Chicaiza, ambateña, de 35 años.

Otra de las inquietudes que manifestaron fue respecto al destino que se dará al rubro recaudado.   

Gerardo Chacón, coordinador zonal 3 de la Secretaría de la Gestión de la Política, aclaró que el 100% de los fondos será destinado a los gobiernos locales.

La Ley dispone que sean empleados en obras de infraestructura, saneamiento ambiental, agua potable y alcantarillado, dependiendo de las necesidades de cada administración. “Años atrás una de las mayores quejas de los municipios a la Administración Central era justamente la falta de recursos para ejecutar importantes obras.

Ahora esto lo podrán hacer, en parte, de forma directa porque los fondos recaudados por este impuesto irán a las arcas municipales, lo que fortalecerá la descentralización y la autonomía de los cabildos”, dijo. (I)