El Ministerio del Trabajo reinició el proceso de remate de 64 bienes enajenados de propiedad del empresario guyaquileño Álvaro Noboa, para que los 1.853 extrabajadores de la hacienda La Clementina, en la parroquia La Unión, del cantón Babahoyo (Los Ríos), cobren sus haberes adeudados.

Ayer finalizó el plazo de 8 días que la Secretaría de Estado estableció para que Noboa cumpla con las obligaciones que mantiene con sus exempleados. “Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que se respeten los derechos de los trabajadores”, mencionó el ministro del Trabajo, Leonardo Berrezueta.

La venta de los bienes y el pago a los beneficiarios será supervisado por una comisión mixta integrada por representantes de los exempleados del predio y del Ministerio, entidad que mantiene bloqueados $ 650.000 que fueron congelados de las cuentas de Noboa y que se usarán para cancelar lo adeudado.

Hace tres años, los 1.853 extrabajadores exigen el pago bajo la figura de desahucio. “Nosotros reclamamos la liquidación de nuestros años de trabajo. La mayoría pasamos los 25 años laborando aquí, también hay personas con 10 y 15 años”, indicó José Muñoz, representante de la comisión mixta.

Además, más de 400 personas  presentaron una demanda para que les cancele la jubilación patronal.

Muñoz mencionó que son más de $ 4 millones que se repartirán entre los exempleados de Álvaro Noboa. “Esperamos que el proceso de remate inicie pronto para tener nuestro dinero”.

La compra de terrenos, construcción y arreglo de sus viviendas serán los principales destinos de los recursos que recibirá este grupo de personas, quienes aún laboran en la hacienda, la mayoría en banano.

La semana anterior, Berrezueta dijo que el 17 de febrero un juez suspendió el proceso de ejecución en contra de Noboa, pero el Ministerio del Trabajo presentó una queja en el Consejo de la Judicatura, por lo que el magistrado fue suspendido.

En 2013, el Servicio de Rentas Internas (SRI) embargó a Noboa la hacienda La Clementina por una deuda tributaria superior a $ 95 millones. Luego, el Gobierno la vendió a una cooperativa conformada por los mismos trabajadores con un crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN) de $ 78,9 millones. (I)